92.5 FOREVER Radio

Autor: Ricardo Rodriguez

  • Fuerzas Armadas del Ecuador: Segunda de Latinoamérica

    Fuerzas Armadas del Ecuador: Segunda de Latinoamérica

    Las Fuerzas Armadas del Ecuador se han posicionado como un pilar fundamental de estabilidad, seguridad y confianza para la ciudadanía. Según el Latinobarómetro 2024, Ecuador ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en cuanto a confianza ciudadana en sus instituciones castrenses, con un 66% de aprobación, apenas por debajo de El Salvador. Este reconocimiento no es casualidad: es el resultado de una labor firme, estratégica y comprometida con los intereses del país.

    Confianza ciudadana en ascenso sostenido

    La percepción positiva hacia las Fuerzas Armadas ecuatorianas ha sido confirmada no solo por organismos internacionales, sino también por estudios locales. De acuerdo con la firma IMASEN, el nivel de confianza nacional hacia esta institución alcanzó el 79% en abril de 2025, lo que demuestra un respaldo sólido por parte de la población.

    Este incremento sostenido en la confianza se debe, entre otros factores, a su papel activo en la seguridad interna, su eficiencia en la respuesta ante desastres naturales y su contribución directa al mantenimiento del orden democrático. En un contexto regional marcado por la inseguridad, la violencia organizada y la desestabilización institucional, las Fuerzas Armadas del Ecuador se han constituido en un referente de profesionalismo y vocación de servicio.

    Participación activa en el Bloque de Seguridad

    Uno de los pilares fundamentales del prestigio alcanzado por las Fuerzas Armadas es su participación estratégica en el Bloque de Seguridad, donde trabajan conjuntamente con la Policía Nacional y otras entidades del Estado para combatir:

    • El crimen organizado
    • El narcotráfico
    • La minería ilegal
    • El tráfico de armas
    • La extorsión y el sicariato

    A través de operaciones conjuntas y el despliegue en zonas críticas, como las provincias costeras y fronterizas, las Fuerzas Armadas han logrado neutralizar redes criminales de gran impacto. Este accionar no solo ha salvaguardado la vida de miles de ecuatorianos, sino que también ha reforzado la percepción de que se trata de una institución comprometida con el bienestar común.

    Aporte clave a la gobernabilidad democrática

    A lo largo de las últimas décadas, las Fuerzas Armadas del Ecuador han mantenido una posición firme de apego constitucional y respeto al orden democrático. Lejos de intervenir en la política partidista, su rol ha sido garantizar la estabilidad del sistema, proteger a los poderes del Estado y actuar como soporte logístico y de seguridad en procesos electorales y transiciones gubernamentales.

    Este compromiso con la institucionalidad democrática ha sido fundamental para que la ciudadanía vea en los militares no a una amenaza, sino a garantes de la paz y el equilibrio del país.

    Intervención humanitaria y gestión de emergencias

    En cada desastre natural que ha azotado al país —como terremotos, inundaciones o deslizamientos—, las Fuerzas Armadas han estado presentes brindando ayuda humanitaria, evacuación, transporte logístico y distribución de alimentos y medicamentos. Su presencia activa y eficaz ha sido vital en regiones de difícil acceso y en momentos donde otros organismos del Estado no pueden actuar con la misma rapidez.

    Además, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea han incorporado tecnología de punta para mejorar la logística de respuesta en emergencias, posicionándose como una de las instituciones mejor preparadas en gestión de riesgos a nivel regional.

    Profesionalización y modernización institucional

    El respeto y confianza que la sociedad ecuatoriana deposita en sus Fuerzas Armadas también se debe al continuo proceso de modernización y profesionalización que ha emprendido la institución. En los últimos años, se han implementado programas de:

    • Capacitación con estándares internacionales
    • Intercambios militares con países aliados
    • Adquisición de equipamiento moderno
    • Incorporación de mujeres en diversas áreas estratégicas

    Estas acciones han transformado a las Fuerzas Armadas en una institución altamente calificada, preparada para actuar tanto en conflictos internos como en tareas de cooperación internacional, operaciones de paz y asistencia en catástrofes.

    Percepción internacional del rol militar ecuatoriano

    La imagen internacional de las Fuerzas Armadas del Ecuador ha mejorado sustancialmente en la última década. Su participación en misiones de paz de la ONU, como las llevadas a cabo en Haití, ha sido destacada por su disciplina y capacidad operativa. Asimismo, ha fortalecido su cooperación con países como Colombia, Chile, Estados Unidos y España en materia de defensa y lucha contra el crimen trasnacional.

    Gracias a esta proyección internacional, Ecuador ha conseguido establecer alianzas estratégicas para mejorar sus capacidades defensivas y tecnológicas, consolidando su liderazgo regional en temas de seguridad integral.

    Fuerzas Armadas y su conexión con la comunidad

    Una de las claves del alto nivel de confianza en las Fuerzas Armadas radica en su conexión directa con la ciudadanía. A través de brigadas médicas, jornadas de apoyo educativo y eventos comunitarios, los soldados han reforzado su presencia en los barrios, especialmente en zonas rurales y vulnerables.

    Además, programas como el servicio cívico militar permiten a miles de jóvenes participar en actividades que fortalecen valores como la disciplina, el respeto y el amor por la patria, al tiempo que se fomenta el liderazgo y la responsabilidad social.

    Desafíos futuros: mantener la excelencia y el respaldo ciudadano

    Aunque las cifras son alentadoras, el reto de las Fuerzas Armadas es mantener y fortalecer esta confianza ciudadana. Para ello, deben continuar apostando por la transparencia institucional, el respeto a los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza. La lucha contra la corrupción interna, la mejora continua de sus procesos y la integración de nuevas tecnologías serán esenciales para enfrentar los desafíos del presente y futuro.

    La seguridad nacional y la paz social dependen, en gran medida, del rol firme pero equilibrado que esta institución pueda seguir desempeñando en un entorno regional convulso.

  • DELINCUENCIA Y DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES

    DELINCUENCIA Y DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES

    Son conceptos que están interconectados y que por su complejidad requieren ser planteados y discutidos en estos días en el marco de la gestión legislativa del «Proyecto de Ley Orgánica Para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno», calificada como urgente en materia económica.

    En primera instancia, han surgido las críticas y una especie de descalificación constitucional de varios expertos sobre el irrespeto a la «unidad de materia del proyecto de ley y en la defensa de los derechos humanos». Lo han hecho sin priorizar la evaluación de lo necesario y positivo de esta ley que defiende los derechos de las víctimas, diferenciando los derechos de los delincuentes que amparados diez y siete años en los derechos y garantías de la actual Constitución se han beneficiado de la impunidad para tomarse al país afectando a los ciudadanos honestos. El Estado debe tomar acciones aún antes de las reformas profundas que son necesarias. De allí lo imperioso de discutir en la Asamblea Nacional esta ley y perfeccionarla si amerita hasta el límite que permita la Constitución vigente e identificar lo inconstitucional del proyecto para enmendar, reformar y cambiar la Constitución de ser necesario.

    Hasta tanto, en la discusión parlamentaria, sobre la unidad de materia ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en anterior ocasión al determinar que es al presidente Daniel Noboa a quien le corresponde definirlo y sobre las excepciones de derechos en Decretos de Emergencia que se pueden aplicar antes y después de los mismos como excepcionalidad constitucional.

    El principio de unidad de materia busca garantizar que los proyectos de ley mantengan una relación coherente entre sus disposiciones y el tema central que abordan. Según el documento, este principio se cumple en el proyecto de ley, ya que todas las disposiciones están conectadas razonablemente con el objetivo de desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno.

    Ya la Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que la unidad de materia no debe ser interpretada de manera estricta ni demasiado laxa, sino con una intensidad intermedia que permita conexidades razonables entre las disposiciones de la ley. En este caso, el proyecto de ley cumple con este principio al enfocarse exclusivamente en medidas financieras, tributarias y de seguridad para combatir las economías criminales y proteger a la población en el contexto del conflicto armado interno. Por lo tanto, el proyecto de ley está diseñado para evitar incluir disposiciones ajenas al tema central y garantizar que todas las reformas y medidas propuestas estén alineadas con su propósito principal. Respecto a los Derechos Humanos y Constitucionales, se debe primero especificar los conceptos de Conflicto Armado Interno, Derecho Internacional Humanitario y de Bloque de Seguridad incluidos como parte integral del proyecto de Ley.

    El Conflicto Armado Interno es reconocido en el proyecto de ley, el mismo que en términos generales en Ecuador establece un marco jurídico considerando el enfrentamiento protagonizado por actores armados internamente en el mismo Estado que operan en y desde el interior del país.

    El Derecho Internacional Humanitario (DIH) como marco fundamental para regular las acciones en el contexto del «conflicto armado interno». Destacando la distinción entre población civil y grupos armados organizados, la humanidad en la garantía del trato digno a las personas civiles que no participen en las hostilidades, la proporcionalidad de los métodos para evitar daños a civiles y bienes protegidos, la protección de personas y bienes de los civiles, la regulación del uso de la fuerza bajo los principios del DIH, sanciones por violación al DIH y el prioritario apoyo humanitario y económico a las víctimas utilizando bienes confiscados a los grupos armados organizados.

    Y el Bloque de Seguridad, de acuerdo al proyecto de ley, es una instancia clave en el marco del conflicto armado interno, creada para coordinar y ejecutar acciones estratégicas en seguridad, economía y combate a las economías criminales. Se detallan sus principales características y funciones según el proyecto de ley.

    Con estos antecedentes, uno de los primeros temas a discutir es que si bien los derechos humanos deben ser respetados «por todos y para todos», incluyendo a los delincuentes, pero a la vez que se demanda la defensa de los derechos humanos a favor de los delincuentes, la delincuencia sí infringe estos derechos al estar al margen de la ley. Por lo que la prevención de la delincuencia y la seguridad ciudadana deben ser abordadas de manera integral, considerando tanto la protección de los derechos humanos como la necesidad de garantizar la seguridad de la comunidad.

    En principio la delincuencia ya es una violación de los derechos humanos de los honestos, de los trabajadores, del ciudadano común, del comerciante que es víctima de robos, violencia, extorsión, secuestro, etc.; afectando directamente los derechos humanos de las víctimas: el derecho a la vida, a su integridad personal, la seguridad y de su propiedad lograda con esfuerzo, por ejemplo.

    Ante esta situación, en un país como Ecuador en donde la delincuencia común y organizada se ha tomado barrios, ciudadelas, cantones, provincias, de acuerdo a las cifras que el Gobierno comparte en las motivaciones de la nueva ley propuesta, la pregunta es ¿cuál debe ser la respuesta del Estado ecuatoriano en contra de la delincuencia? EL Gobierno ha decidido con esta ley atacar La economía criminal, restar derechos a los delincuentes identificados y recuperar el tejido social como acciones conexas.

    Incluye también en el proyecto la respuesta estatal a través de la policía y fuerzas armadas en acciones respetuosas de los derechos humanos, que implica evitar la violencia excesiva, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. En conclusión, en Ecuador, la delincuencia y los derechos humanos y constitucionales están en constante tensión. El Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero también debe combatir la delincuencia para garantizar la seguridad pública. La Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional juegan un papel importante en la protección de los derechos y en la interpretación de la ley, mientras que la criminalidad organizada representa un desafío para el sistema judicial.

    EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO

    MARTES 20 DE MAYO DE 2025

    Por Washington Delgado L.

  • Diana Salazar renuncia a continuar como fiscal general del Estado

    Diana Salazar renuncia a continuar como fiscal general del Estado

    Una salida histórica tras seis años de liderazgo en la Fiscalía

    El 20 de mayo de 2025, Diana Salazar Méndez, quien se desempeñó como Fiscal General del Estado del Ecuador durante seis años y dos meses, anunció oficialmente su renuncia al cargo. Su decisión marca un punto de inflexión en el sistema judicial ecuatoriano, debido a la relevancia que ha tenido su gestión en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y los casos de alto perfil que sacudieron al país.

    El anuncio: Un mensaje de despedida con carga simbólica

    En un mensaje audiovisual titulado “Mi despedida”, difundido en redes sociales y medios digitales, Salazar expresó con firmeza:

    «Como la mujer de palabra que soy, hoy me despido… Agradeciéndoles el encargo que me hicieron».

    Estas palabras no solo sellan el final de su período, sino que también reflejan el compromiso con el que asumió su rol desde el 8 de abril de 2019. En ese lapso, lideró investigaciones trascendentales y posicionó a la Fiscalía como una institución clave en el entramado del Estado ecuatoriano.

    El reemplazo inmediato: Wilson Toainga asume la Fiscalía General

    Tras la renuncia de Diana Salazar, el fiscal subrogante Wilson Toainga Toainga asumió de forma interina la dirección de la Fiscalía. Según lo dispuesto por la Procuraduría General del Estado el 26 de febrero de 2025, un fiscal general cuyo período ha concluido puede mantenerse en funciones hasta ser legalmente reemplazado, situación que ocurrió hasta este 20 de mayo.

    Toainga ha trabajado junto a Salazar en casos emblemáticos y cuenta con experiencia en investigaciones penales. Se espera que su gestión continúe la línea de trabajo institucional, garantizando la independencia de la función judicial y la transparencia de los procesos en curso.

    Gestión de Diana Salazar: Logros, desafíos y controversias

    Durante su mandato, Diana Salazar enfrentó retos sin precedentes en un país marcado por escándalos de corrupción y tensiones políticas. Entre los logros más destacados de su administración se encuentran:

    • Investigaciones contra exmandatarios y altos funcionarios implicados en casos de corrupción, como el caso Sobornos 2012-2016.
    • Procesamientos por delitos de lesa humanidad, en el marco de violaciones de derechos humanos durante manifestaciones sociales.
    • Fortalecimiento de las capacidades investigativas de la Fiscalía, mediante la implementación de nuevas tecnologías y cooperación internacional.
    • Participación activa en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en colaboración con la Policía Nacional y entidades extranjeras.

    No obstante, su gestión también fue objeto de críticas y presiones políticas. Algunos sectores la acusaron de tener sesgos en sus decisiones judiciales, especialmente cuando sus investigaciones afectaban a líderes influyentes del espectro político ecuatoriano. Pese a ello, Salazar defendió en todo momento la autonomía de la Fiscalía.

    Contexto político y jurídico de la prórroga

    El mandato de Salazar concluyó oficialmente el 8 de abril de 2025. Sin embargo, conforme a lo estipulado por la Procuraduría, la falta de un reemplazo inmediato obligó a su permanencia temporal. Este mecanismo, conocido como “prórroga en funciones”, ha sido aplicado en varios organismos del Estado para garantizar la continuidad institucional.

    Su salida definitiva del cargo ocurre en un momento político crucial, donde las tensiones entre el Ejecutivo y el sistema de justicia se encuentran al rojo vivo. La elección del nuevo titular de la Fiscalía podría tener implicaciones de fondo en la independencia judicial y en las investigaciones pendientes.

    Reacciones del ámbito político y jurídico

    La renuncia de Diana Salazar ha generado reacciones encontradas en el espectro político. Por un lado, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones anticorrupción han manifestado su agradecimiento por su labor. Por otro, algunos sectores políticos han interpretado su salida como una oportunidad para reconfigurar el equilibrio de poderes dentro del sistema de justicia.

    El Colegio de Abogados de Pichincha y la Asociación de Magistrados del Ecuador emitieron comunicados expresando su reconocimiento a la gestión de Salazar, y solicitaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que el proceso de designación de la nueva o nuevo Fiscal General se realice con total transparencia, imparcialidad y participación ciudadana.

  • Explosivos en Gasolinera en la Autopista Narcisa de Jesús

    Explosivos en Gasolinera en la Autopista Narcisa de Jesús

    Grave incidente sacude el norte de Guayaquil la mañana del 20 de mayo

    En la mañana del martes 20 de mayo, un nuevo acto violento estremeció a los habitantes del norte de Guayaquil, específicamente en la autopista Narcisa de Jesús, cuando un minimarket de una gasolinera fue atacado con Explosivos en Gasolinera. El atentado ocurrió en sentido Terminal Terrestre hacia Pascuales, una vía altamente transitada y estratégica para la ciudad.

    Noticias similares.

    Detalles del ataque: ¿Qué ocurrió en la gasolinera?

    Aproximadamente a las 06:15 de la mañana, testigos reportaron una fuerte explosión en la estructura del minimarket adjunto a una reconocida estación de servicio. Según las autoridades, sujetos no identificados arrojaron un artefacto explosivo artesanal, lo que provocó daños materiales en las puertas de acceso, cristales y parte de la estructura del establecimiento.

    El estruendo generado por la explosión fue escuchado a varias cuadras de distancia, lo que generó pánico entre los conductores y transeúntes que circulaban por la autopista en ese momento. No se han reportado víctimas mortales ni heridos, pero los daños estructurales fueron considerables, obligando al cierre temporal de la gasolinera.

    Respuesta inmediata de las autoridades tras explosivos en Gasolinera

    Al lugar acudieron rápidamente elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, y miembros de la Unidad Antiexplosivos, quienes cercaron el área y realizaron un barrido completo en busca de otros posibles artefactos.

    El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) confirmó que se trató de un artefacto de fabricación casera, elaborado con materiales de fácil acceso pero con un alto poder de impacto. Las investigaciones preliminares sugieren que podría tratarse de un acto de intimidación o advertencia ligado a actividades delictivas.

    Vínculos con otros ataques similares en Guayaquil

    Este atentado no es un hecho aislado. En lo que va del año, Guayaquil ha sido escenario de múltiples ataques con explosivos, muchos de ellos dirigidos contra locales comerciales, estaciones de policía y vehículos particulares. La escalada de violencia con uso de explosivos refleja una preocupante tendencia vinculada a grupos delictivos organizados, que buscan sembrar miedo e imponer sus condiciones.

    El Ministerio del Interior ha señalado que existen células criminales que han adoptado el uso de artefactos explosivos como método de presión y retaliación, sobre todo en zonas clave como la autopista Narcisa de Jesús, que conecta puntos estratégicos del norte de la ciudad.

    Impacto en la seguridad ciudadana y percepción pública

    Los moradores de sectores aledaños como Pascuales, Mucho Lote, y Vergeles, manifestaron su temor ante la creciente ola de violencia. Muchos aseguran haber escuchado explosiones en días anteriores, lo cual genera incertidumbre y afecta la tranquilidad cotidiana.

    El hecho de que estos ataques se den en zonas tan transitadas y expuestas al público, como gasolineras y locales de atención al cliente, eleva el nivel de alerta de la ciudadanía. Comerciantes y trabajadores de estaciones de servicio han solicitado mayor presencia policial y vigilancia permanente.

    Medidas anunciadas por las autoridades tras el ataque

    Tras lo sucedido, el Gobernador del Guayas y representantes de la Policía Nacional ofrecieron una rueda de prensa en la que anunciaron el despliegue de operativos en la autopista Narcisa de Jesús y sectores aledaños. Además, se reforzará el uso de tecnología de videovigilancia y patrullajes permanentes durante horas clave.

    También se ha establecido una línea directa para denuncias anónimas, con el objetivo de recabar información ciudadana que permita identificar a los responsables de este atentado.

    Preocupación por la vulnerabilidad de infraestructuras críticas

    El ataque pone en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras críticas como las estaciones de servicio, que no solo son puntos de abastecimiento esenciales, sino también lugares de alto riesgo si se considera la presencia de combustibles.

    Expertos en seguridad señalan que se deben implementar protocolos más estrictos de control de accesos, instalación de barreras físicas y uso de detectores de explosivos para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios.

  • Cierres viales nocturnos en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional

    Cierres viales nocturnos en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional

    Desde el 19 de mayo hasta el 3 de junio, el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional enfrentará cierres viales nocturnos que afectarán directamente la circulación entre Guayaquil, Durán y Samborondón, tres de los cantones más importantes del litoral ecuatoriano. Estos cierres se efectuarán entre las 21:00 y las 05:00, horario establecido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para la ejecución de trabajos de mantenimiento integral en esta infraestructura clave del país.

    ¿Por qué se cierran los carriles del Puente de la Unidad Nacional?

    El MTOP ha informado que estos cierres tienen como propósito realizar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo que garantizarán la seguridad estructural y la vida útil del puente. La intervención incluirá actividades como:

    • Revisión y refuerzo de juntas de dilatación
    • Inspección y reparación de luminarias
    • Limpieza y sellado de fisuras
    • Evaluación del estado del asfalto
    • Aplicación de recubrimientos protectores

    Estas tareas forman parte de un plan técnico de conservación vial y buscan asegurar que el flujo vehicular no se vea comprometido a largo plazo. Además, al realizarse en horario nocturno, se pretende minimizar el impacto en la rutina diaria de los conductores que dependen de esta ruta para sus actividades laborales, comerciales y personales.

    Zonas afectadas por el cierre y rutas alternativas

    El cierre contempla dos carriles del puente en cada jornada nocturna. La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) estará desplegada estratégicamente para dirigir el tráfico y evitar congestionamientos graves. El flujo se mantendrá parcialmente habilitado para no interrumpir completamente la circulación.

    Rutas alternativas recomendadas:

    • Vía Durán-Tambo: para quienes se dirigen desde Durán hacia Guayaquil en horas de cierre.
    • Vía Samborondón-La Puntilla: como conexión entre Samborondón y la zona norte de Guayaquil.
    • Puente Alterno Norte (cuando sea necesario): opción disponible en caso de congestión extrema.

    Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, salir con tiempo adicional y considerar el uso de aplicaciones de tránsito en tiempo real como Waze o Google Maps para monitorear la situación vial.

    Importancia del Complejo de Puentes de la Unidad Nacional

    El Complejo de Puentes de la Unidad Nacional representa uno de los ejes viales más importantes del Ecuador, ya que enlaza de manera directa tres cantones clave del área metropolitana de Guayaquil. A diario, miles de vehículos, incluyendo transporte público, carga pesada y autos particulares, transitan por este conjunto de estructuras.

    Este complejo no solo cumple una función logística vital, sino que también ha sido un símbolo de conectividad desde su inauguración. Su estado estructural influye directamente en el comercio, la distribución de productos y la movilidad de los habitantes de la región.

    Compromiso institucional con la seguridad vial

    El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha reiterado su compromiso con la seguridad vial y ha puesto en marcha un plan técnico estructurado, con profesionales especializados, para ejecutar estas labores sin improvisaciones.

    La CTE, por su parte, ha dispuesto personal de patrullaje, señalización reflectiva, conos y dispositivos de orientación para garantizar un tránsito ordenado. Además, se han implementado canales de comunicación oficiales donde los ciudadanos pueden reportar incidentes o recibir alertas actualizadas:

    • Redes sociales oficiales del MTOP
    • Canal informativo de la CTE
    • Sitios web institucionales

    Recomendaciones para los conductores y usuarios

    A todos los ciudadanos que transitan regularmente por el Puente de la Unidad Nacional, se les exhorta a:

    1. Evitar traslados innecesarios durante el horario de cierre.
    2. Utilizar rutas alternas previamente planificadas.
    3. Respetar la señalización temporal y las indicaciones del personal de tránsito.
    4. Mantener la calma en caso de congestión y evitar maniobras riesgosas.
    5. Revisar previamente el estado mecánico del vehículo si el trayecto debe realizarse durante las horas nocturnas.

    Estas recomendaciones no solo facilitarán el cumplimiento del cronograma de obras, sino que también contribuirán a reducir riesgos de accidentes durante la ejecución del mantenimiento.

    Impacto económico y social del mantenimiento

    Aunque los cierres temporales pueden generar molestias, los beneficios a largo plazo son significativos. Mantener en óptimas condiciones esta estructura vial:

    • Facilita el comercio interprovincial
    • Agiliza el transporte público
    • Reduce costos operativos por daños en vehículos
    • Disminuye la probabilidad de accidentes por fallas estructurales

    A su vez, refuerza la confianza ciudadana en la gestión pública y demuestra que las autoridades están actuando con responsabilidad frente al crecimiento urbano y vehicular.

    Calendario de mantenimiento y monitoreo ciudadano

    El cronograma completo de los trabajos puede consultarse directamente en los canales oficiales del MTOP. Asimismo, se ha habilitado un sistema de monitoreo constante, mediante cámaras y reportes en tiempo real, que permitirá a la ciudadanía estar al tanto del progreso de las obras.

    Se invita a todos los usuarios a reportar irregularidades y participar activamente como ciudadanos vigilantes de esta intervención.

  • Tercera explosión en Samanes en una semana

    Tercera explosión en Samanes en una semana

    Alarma en Samanes 2 por una nueva explosión con advertencias criminales

    Una nueva explosión sacudió la madrugada del martes 20 de mayo al sector de Samanes 2, en el norte de Guayaquil, generando temor y preocupación entre los habitantes de la zona. Este suceso se convierte en la tercera detonación en menos de una semana, evidenciando una escalada de violencia organizada que mantiene en vilo a los residentes.

    El estallido ocurrió alrededor de las 02:30, provocando que vecinos salieran de sus viviendas alarmados. Lo más inquietante del caso es que, tras la explosión, se halló una funda que contenía panfletos amenazantes, aparentemente arrojados por los mismos responsables del ataque.

    Patrón repetitivo de violencia: una serie de explosiones con mensajes de terror

    Este nuevo acto delictivo se suma a dos anteriores registrados el jueves 15 de mayo y el viernes 16 de mayo, en los cuales también se utilizaron artefactos explosivos lanzados desde motocicletas en movimiento. Las autoridades han identificado un patrón similar en cada incidente: el uso de motocicletas para lanzar los explosivos y la presencia de amenazas escritas.

    Los panfletos hallados esta vez contenían mensajes intimidatorios dirigidos a la comunidad, sin señalar nombres propios, pero con un claro mensaje de control territorial. Firmados por un grupo criminal autodenominado «La Mafia», los documentos incluían fotografías de daños causados en explosiones anteriores, y cuatro círculos con números telefónicos, que podrían estar relacionados con extorsiones o cobros ilegales.

    Mensajes directos y advertencias veladas: el contenido del panfleto hallado

    Según reportes preliminares, el panfleto advertía a negocios y familias de la zona que no se «metan» con la organización o sufrirán consecuencias similares. Este tipo de comunicación no es nueva en zonas con presencia de bandas delictivas, pero lo alarmante es su frecuencia y descaro, sumado al uso de violencia física como método de presión.

    Los números telefónicos impresos en los panfletos podrían ser utilizados para establecer contacto con las víctimas de futuras extorsiones o simplemente servir como mecanismo de intimidación. La inclusión de fotografías sugiere una intención clara de mostrar el poder destructivo del grupo y su capacidad de actuar sin ser detectados.

    Respuestas policiales: refuerzo de seguridad e investigaciones en curso

    Tras la tercera explosión, la Policía Nacional del Ecuador ha intensificado los operativos en Samanes 2, desplegando unidades de investigación criminal, inteligencia y patrullaje preventivo. Según declaraciones oficiales, no se descarta que estas explosiones estén relacionadas con disputas entre bandas rivales por el control del territorio, extorsión o tráfico de sustancias ilícitas.

    El Comando Zonal 8 ha confirmado que ya existen líneas de investigación abiertas y que se están revisando grabaciones de cámaras de seguridad del sector, en busca de pistas que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de estos atentados.

    Comunidad en alerta: temor colectivo ante la amenaza constante

    Los residentes del sector afirman que la situación es insostenible. Muchos temen abrir sus negocios o salir de sus viviendas durante las noches. Se han organizado reuniones comunitarias para exigir mayor presencia policial y acciones inmediatas del Municipio de Guayaquil.

    “La primera explosión pensamos que era un hecho aislado, pero ya van tres. ¿Qué va a pasar si nadie los detiene?”, comentó una vecina cuya casa se encuentra a pocos metros del último atentado. La comunidad siente que el Estado está ausente y que los criminales están ganando terreno mediante el miedo.

  • Caso Ligados: Fiscalía apunta a Arauz, González y Cuesta

    Caso Ligados: Fiscalía apunta a Arauz, González y Cuesta

    La justicia ecuatoriana vuelve a colocar en el centro de la atención pública a figuras prominentes del correísmo. La Fiscalía General del Estado ha solicitado fecha y hora para vincular a Andrés Arauz, Raúl González Carrión y Esther Cuesta en el denominado caso Ligados, una investigación que se desprende de la información extraída del teléfono celular del exconsejero y ahora prófugo de la justicia, Augusto Verduga.

    ¿Qué es el caso Ligados?

    El caso Ligados surge a partir de una investigación iniciada tras el análisis forense del teléfono de Verduga. En dicho dispositivo, los peritos encontraron chats, audios, documentos y otros archivos que, según la Fiscalía, demuestran presuntos actos de asociación ilícita. Este caso se ha convertido en una nueva arista judicial que involucra a exfuncionarios y figuras políticas de alto perfil, vinculadas al movimiento Revolución Ciudadana.

    El material levantado durante la instrucción fiscal incluye conversaciones en las que se menciona la intención de influir en nombramientos estratégicos y decisiones administrativas de alto nivel. De acuerdo con la fiscal Diana Salazar, hay «datos suficientes que permiten presumir la participación directa» de Arauz, González y Cuesta en una estructura organizada para cometer delitos contra la administración pública.

    Andrés Arauz: El excandidato bajo la lupa

    Andrés Arauz, economista y exministro, fue candidato a la vicepresidencia del Ecuador por la Revolución Ciudadana en 2021. Según la información extraída del teléfono de Verduga, Arauz habría participado en conversaciones que buscan articular una red de influencia para favorecer intereses políticos del correísmo. Los chats lo ubican como una de las piezas clave en la estrategia de recuperar espacios de poder institucional.

    La Fiscalía ha mencionado que su nombre aparece repetidamente en conversaciones relacionadas con el control de entidades estratégicas y con la posible manipulación de procesos de designación de autoridades. Arauz ha rechazado públicamente estas acusaciones, calificándolas de “persecución política”, pero el avance judicial demuestra que el caso está en una etapa clave.

    Raúl González Carrión: El superintendente cuestionado

    Raúl González fue propuesto por el correísmo para asumir la Superintendencia de Bancos, un puesto crucial en el sistema financiero ecuatoriano. Su designación fue polémica desde un inicio, y ahora cobra un nuevo matiz con las revelaciones del caso Ligados. Según los chats revelados, González era considerado «la carta fuerte del correísmo» para controlar una de las entidades más sensibles del Estado.

    La documentación extraída sugiere que su candidatura fue parte de una negociación política interna, y que existía un acuerdo para garantizar su llegada a la Superintendencia a cambio de favores políticos. La Fiscalía sostiene que esta maniobra formaría parte de un entramado de asociación ilícita que va más allá de una simple nominación institucional.

    Esther Cuesta: De diplomática a sospechosa

    Esther Cuesta, exdiputada y expresidenta encargada de la Asamblea Nacional, también aparece en el radar judicial. Ha sido una defensora férrea de Jorge Glas y figura activa del correísmo. Su nombre figura en los archivos del caso Ligados, y se la menciona como una de las gestoras políticas dentro del grupo que buscaba influir en la toma de decisiones estatales.

    La Fiscalía apunta a Cuesta como parte de la red que operaba para mantener una agenda política alineada con los intereses del correísmo. De acuerdo con las investigaciones, habría actuado como nexo entre actores internos y externos del Estado para facilitar decisiones que beneficien al grupo político con el que se identifica.

    Augusto Verduga: El prófugo clave en el caso

    Todo el caso nace del análisis del dispositivo móvil del exconsejero Augusto Verduga, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Su teléfono fue clave para descubrir el entramado de comunicaciones entre varias figuras del correísmo. Verduga, a través de sus chats y archivos, ha sido vinculado a procesos de tráfico de influencias, uso indebido de información confidencial y posible financiamiento ilegal de estructuras políticas.

    Su condición de prófugo añade un elemento de tensión al caso, ya que las autoridades no han logrado dar con su paradero, aunque se presume que podría estar en el extranjero. La información contenida en su dispositivo es lo que ha permitido expandir la investigación hacia personajes de mayor peso político.

    La Fiscalía avanza: audiencia en manos de Daniella Camacho

    Será la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, quien determine la fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos. Esta diligencia será fundamental para conocer el rumbo que tomará el proceso penal, así como la responsabilidad de cada uno de los vinculados.

    Camacho ha llevado casos emblemáticos de corrupción en el pasado, como el de Sobornos 2012-2016, lo que genera expectativa sobre el manejo que dará a este nuevo proceso. La jueza deberá evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y decidir si hay mérito suficiente para dictar medidas cautelares o prisión preventiva.

  • LEY PARA DESARTICULAR LA ECONOMÍA CRIMINAL.

    LEY PARA DESARTICULAR LA ECONOMÍA CRIMINAL.

    Para endurecer las penas, combatir la economía criminal y reconstruir el tejido social, como las grandes estrategias para lograr los objetivos nacionales de seguridad jurídica, seguridad ciudadana y generación de empleo, problemas coyunturales a resolver de manera urgente; de acuerdo a nuestra lectura del proyecto.

    El Proyecto tiene por título «Ley Orgánica Para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno», calificada como urgente en materia económica por su impacto en pro de la economía de los honestos a la par de debilitar la economía de los deshonestos.

    Proyecto que fue enviado por el presidente Daniel Noboa a la nueva Asamblea Nacional para tratarlo en sus primeros treinta días de labores. Lo que demuestra que se estaba esperando su instalación como parte de la agenda legislativa para atacar los problemas coyunturales de los que hemos venido hablando: seguridad jurídica, seguridad ciudadana y empleo. Dejando para el mediano y largo plazo el llamado a una Asamblea Constituyente para tratar problemas de derechos y otros.

    El impacto positivo que se espera con esta ley es debilitar las economías criminales, restaurar el orden público, proteger la vida y el patrimonio de la ciudadanía, y fomentar la paz y la estabilidad económica en el país. Con otras palabras, se busca apoyar al honesto y no al criminal. Por lo que esta ley representa un esfuerzo integral de todos los ecuatorianos para enfrentar el conflicto armado interno y garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible en Ecuador.

    Como premisa ciudadana, debe existir en la conciencia de todos la prioridad de medidas fuertes, efectivas y actualizadas ante los graves problemas que se enfrenta y no medias tintas, porque Ecuador ya no aguanta más.

    Recordemos que el presidente Daniel Noboa visitó Italia en mayo de 2024 para obtener asesoría en seguridad y combate a las bandas criminales organizadas, resumiendo en tres grandes líneas o ejes de trabajo: 1. Endurecer las penas; 2. Atacar la economía criminal; y 3. Fortalecer el tejido social. Pues bien, este proyecto incluye los tres ejes. En los considerandos se manifiesta que Ecuador enfrenta un conflicto armado interno alimentado por economías criminales como el narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, tráfico de armas y extorsión. Para lo que incluye varias medidas con el objetivo de enfrentar estos cinco principales crímenes.

    También debemos recordar que varias de estas medidas fueron aprobadas en la consulta y referéndum del presidente Daniel Noboa en abril de 2024 y hasta la fecha no se los había puesto en proyectos siquiera en la Asamblea Nacional anterior.

    Entre las medidas que propone el proyecto de ley para combatir la economía criminal, quisiera destacar las siguientes. Desarticulación de fuentes de ingresos ilícitos: Como principal objetivo económico al implementar medidas financieras, tributarias y de seguridad para neutralizar las economías criminales y proteger la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador. En otras palabras: mientras se debilita al negocio ilícito se crea condiciones para apoyar el trabajo honesto.

    Entre las medidas financieras se incluyen: 1. Incautación de bienes: Los bienes muebles, inmuebles, valores, dinero y ganancias vinculados a actividades ilícitas serán incautados y administrados por el Estado. 2. Control financiero: La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) priorizará la detección de operaciones financieras sospechosas vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con grupos armados organizados. 3. Uso de activos confiscados: Los activos confiscados serán utilizados para brindar apoyo económico a las víctimas del conflicto armado interno. 4. Movilización de recursos: El Presidente podrá disponer la movilización de recursos económicos para la reactivación económica en zonas afectadas. 5. Evaluación económica: Se evaluará anualmente el impacto económico de la ley en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

    En medidas tributarias se incluye: 1. Incentivos tributarios: En zonas focalizadas para fomentar la reactivación económica, y 2. Rebaja del impuesto a la renta: A los contribuyentes que realicen donaciones en equipamiento y suministros para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas obteniendo una rebaja del impuesto a la renta causado, con un límite del 30%.

    Y entre las medidas de seguridad principales: 1. Zonas de seguridad: Para declarar zonas estratégicas para protegerlas de amenazas a la seguridad pública. 2. Creación del Bloque de Seguridad permanente: Será una instancia encargada de coordinar acciones militares, de seguridad y económicas para combatir grupos armados organizados; es decir, no sólo en época de estados de emergencia. 3. Uso de la fuerza: Contra bienes y personas vinculadas a economías criminales, respetando los principios de proporcionalidad y necesidad militar. 4. Implementación del control fronterizo y vigilancia tecnológica: Con sistemas integrados para prevenir actividades ilícitas. 5. Juzgamiento especializado: Los detenidos serán juzgados por jueces especializados en conflicto armado interno. 6. Medidas penales específicas: Estableciendo un régimen penal especial para juzgar y sancionar delitos relacionados con economías criminales y conflicto armado interno. Y 7. Apoyo económico a víctimas: Con el uso de activos confiscados para brindar apoyo económico a las víctimas del conflicto armado interno. Finalmente, para atender la preocupación de quienes alegan el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, se incluye un principio clave: La ley se basa en la distinción entre civiles y combatientes, humanidad, inmunidad, no discriminación, proporcionalidad y minimización de daños económicos y sociales.

    Es de esperar que si existe oposición a esta ley, que se la presente con argumentos que refuercen la concreción de los objetivos y no simplemente por oponerse y peor si defendiendo a la delincuencia consciente o inconscientemente quieran destruir al país. Ecuador necesita endurecer las penas contra la delincuencia, combatir la economía ilícita y reconstruir el tejido social.

    EDITORIAL DE 92.5 FOREVER RADIO

    @925forever, LUNES 19 DE MAYO DE 2025

    Por Washington Delgado L.