El reciente episodio protagonizado por los asambleístas Dominique Serrano y Mireya Pazmiño, ambos sancionados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), ha encendido un debate sobre la disciplina parlamentaria, los límites de la libertad de expresión y el tratamiento legislativo hacia las personas con condiciones neurodivergentes como el TDAH. Esta situación no solo expone las tensiones ideológicas dentro de la Asamblea Nacional, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre los estándares de conducta y las garantías de derechos dentro del poder legislativo ecuatoriano.
Sanción a Dominique Serrano: ¿una falta de respeto o un mecanismo de autorregulación?
El asambleísta Dominique Serrano, miembro de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), fue sancionado con ocho días de suspensión sin remuneración, tras ser observado dibujando durante una sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia. Esta comisión discutía presuntas irregularidades en contratos de generación energética con la empresa Progen, lo que convertía la sesión en un asunto de alta sensibilidad nacional.
Serrano argumentó que su comportamiento era producto de su Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), y presentó un certificado médico que acreditaba dicha condición. Según explicó, el acto de dibujar le permite mantener la concentración y procesar información de manera más eficaz. A pesar de su justificación, el CAL consideró que su comportamiento constituía un comportamiento inadecuado e irrespetuoso hacia el proceso de fiscalización en curso.
Un precedente preocupante para la inclusión legislativa
Este caso ha generado un intenso debate sobre la neurodivergencia y la inclusión en el ámbito político. ¿Debe una persona con TDAH ser sancionada por utilizar herramientas alternativas de concentración? ¿Está preparada la Asamblea Nacional para crear un entorno verdaderamente inclusivo?
Serrano hizo un llamado público para que se elaboren leyes que protejan a las personas con condiciones como el TDAH, y que estas no sean objeto de estigmatización dentro de los espacios públicos y de toma de decisiones. Sin embargo, el voto unánime del CAL para imponer la sanción sugiere una falta de comprensión institucional sobre los desafíos y mecanismos de adaptación requeridos por los funcionarios públicos con neurodivergencias.
Mireya Pazmiño: sancionada por confrontar una propuesta polémica
Por otro lado, la legisladora Mireya Pazmiño, vinculada al correísmo, fue sancionada con 30 días de suspensión sin remuneración, tras una denuncia presentada por el asambleísta Andrés Castillo (ADN). El origen de esta sanción fue una declaración que Pazmiño realizó durante el debate sobre la Ley Orgánica de Integridad Pública, propuesta por Castillo, que planteaba sancionar a adolescentes como adultos en ciertos casos judiciales.
Durante su intervención, Pazmiño calificó la propuesta de “fascista” y afirmó que esta exaltaba el culto a la seguridad como excusa para eliminar derechos fundamentales. Añadió que este tipo de iniciativas convertían a los niños y adolescentes en chivos expiatorios, desviando la atención de la falta de políticas sociales y económicas eficaces.
El CAL consideró que estas expresiones constituían una falta grave y aprobó la sanción correspondiente. Sin embargo, este hecho ha sido interpretado por muchos sectores como un acto de censura parlamentaria, al limitar el uso de un lenguaje crítico, aunque polémico, dentro de un espacio que debería ser el máximo exponente del debate democrático.
La libertad de expresión en entredicho dentro de la Asamblea
Ambos casos revelan un punto en común: la tensión entre el ejercicio libre de la palabra y el cumplimiento del reglamento legislativo. Mientras Serrano fue sancionado por un comportamiento interpretado como inapropiado en términos de forma, Pazmiño recibió una sanción por el contenido de su discurso.
Estas situaciones abren una discusión necesaria sobre la libertad de expresión en contextos institucionales, particularmente en cuerpos legislativos donde se espera un intercambio constante de ideas, incluso aquellas que resultan incómodas o disruptivas para ciertos sectores políticos.
Un CAL más riguroso: ¿señal de fortalecimiento institucional o de censura?
El Consejo de Administración Legislativa ha adoptado un papel más activo en los últimos meses, imponiendo sanciones en respuesta a incidentes internos. Esta postura puede interpretarse como un intento de fortalecer la institucionalidad y elevar los estándares de comportamiento de los legisladores. No obstante, también ha despertado críticas por su falta de proporcionalidad y por la posible utilización política de las sanciones.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han expresado preocupación por lo que consideran una instrumentalización del CAL para acallar voces disidentes, especialmente en contextos de polarización política, como el que actualmente vive Ecuador.
El impacto de las sanciones en la imagen de la Asamblea
Este tipo de sanciones no solo afectan la imagen pública de los legisladores sancionados, sino también la credibilidad de la Asamblea Nacional. La ciudadanía percibe con escepticismo estos episodios, interpretándolos como luchas de poder internas más que como acciones disciplinarias justas y equitativas.
Además, se pone en evidencia la necesidad de establecer protocolos más claros y humanizados para tratar casos donde intervienen condiciones médicas o contextos de crítica ideológica.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha impuesto sanciones disciplinarias a los asambleístas Dominique Serrano y Mireya Pazmiño por conductas inapropiadas. Dominique Serrano, miembro de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), fue suspendido por ocho… pic.twitter.com/ocExwhSdiu
— Radio Forever (@925forever) July 13, 2025
