Autor: Ricardo Rodriguez

La política ecuatoriana vive un momento crucial. Este lunes 22 de septiembre de 2025, la Asamblea Nacional será escenario de un intenso debate en torno al Decreto Ejecutivo n.º 153, emitido por el presidente Daniel Noboa Azin, mediante el cual se convoca a una consulta popular para decidir si el país debe instalar una asamblea constituyente.

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) se prepara para solicitar un cambio en el orden del día de la sesión plenaria, con el objetivo de que el Parlamento respalde esta iniciativa presidencial que busca devolver al pueblo el pleno ejercicio de su soberanía.

La solicitud formal de ADN y su justificación

El pedido fue impulsado por el asambleísta Lenin Alejandro Lara, representante de Tungurahua, quien remitió el 20 de septiembre un oficio al secretario general de la Asamblea, Giovanny Bravo, solicitando la inclusión del debate en la agenda de la sesión n.º 040.

La propuesta se centra en que la Asamblea apruebe una resolución que respalde los contenidos y la finalidad del Decreto 153, reconociendo la consulta como un acto democrático y como un mecanismo legítimo para que la ciudadanía decida si quiere una nueva constitución.

Para que este cambio del orden del día prospere, se requiere el apoyo de al menos 77 legisladores (mayoría absoluta). Si se logra, el pleno deberá discutir y votar el proyecto de resolución, cuyo destino también dependerá de esa misma mayoría.

El Decreto Ejecutivo n.º 153 fue firmado el sábado 20 de septiembre por el presidente Noboa, en un segundo intento de llevar adelante esta consulta. Cabe recordar que un decreto anterior, el n.º 148, fue suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional (CC), lo que obligó al mandatario a replantear la vía utilizada.

En esta nueva ocasión, Noboa se ampara en el artículo 444 de la Constitución de la República, que faculta al presidente a convocar a consulta popular sobre la instalación de una constituyente, sin requerir control previo de constitucionalidad.

No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE), al conocer el Decreto 153, decidió remitirlo a la Corte Constitucional para que emita un dictamen. El caso fue sorteado en el despacho de la jueza constitucional Alejandra Cárdenas, mientras que el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, solicitó que el análisis se realice con celeridad.

La iniciativa no ha estado exenta de controversias. Hasta la fecha, siete demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas en la Corte Constitucional contra el Decreto 153. Los demandantes sostienen que Noboa intenta sortear el control constitucional, debilitando el equilibrio de poderes y poniendo en riesgo la institucionalidad democrática.

La Revolución Ciudadana (RC5) y otras bancadas opositoras han cuestionado fuertemente la estrategia presidencial, alegando que una constituyente podría convertirse en un instrumento de concentración de poder y generar incertidumbre en el país.

El respaldo parlamentario que busca ADN este lunes no es un primer intento. El 19 de septiembre de 2025, la legisladora Lucía Pozo, de la misma bancada, ya presentó una moción de cambio de orden del día para tratar este asunto.

En esa ocasión, la moción obtuvo 74 votos a favor, 64 en contra y 6 abstenciones, quedándose a tan solo tres apoyos de conseguir que el pleno debatiera la resolución de respaldo a Noboa.

La cercanía del resultado refleja la fuerte división política existente en la Asamblea y la tensión que genera la propuesta de una constituyente en las distintas bancadas legislativas.

El pulso político: Noboa frente a la Asamblea y la Corte Constitucional

La jugada política de Noboa con el Decreto 153 representa un pulso directo frente a la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Por un lado, el presidente busca legitimidad popular para emprender una transformación política estructural; por otro, enfrenta las limitaciones legales y los controles de constitucionalidad que intentan frenar su iniciativa.

Si la Asamblea aprueba la resolución de respaldo, Noboa ganaría un aliado político clave que reforzaría su posición frente a la Corte Constitucional y frente a la oposición. Sin embargo, si vuelve a fracasar, el oficialismo quedaría debilitado en sus intentos de instalar la constituyente.

El presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Niels Olsen, encendió el debate político tras denunciar públicamente la salida abrupta de 45 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) durante la sesión número 37 del Pleno. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Olsen cuestionó duramente la actitud de los legisladores opositores y anunció que ha solicitado sanciones ejemplares.

En su pronunciamiento, Olsen lanzó una pregunta contundente: “¿Qué pasaría si abandonas tu puesto de trabajo? Estás trabajando, te levantas y te vas, ¿qué pasaría?”. Con esta reflexión, el titular del Legislativo comparó la responsabilidad laboral de cualquier ciudadano con la obligación de los legisladores de permanecer en el Pleno durante el desarrollo de los debates parlamentarios.

Según Olsen, la deserción de la bancada de la Revolución Ciudadana no solo interrumpió el debate, sino que además constituyó un acto de irrespeto hacia el país y hacia los ciudadanos que eligieron a sus representantes.

El presidente de la Asamblea informó que presentó una queja formal ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), solicitando que se aplique la normativa vigente y se sancione a los 45 legisladores que abandonaron la sesión. Entre las posibles sanciones planteadas se incluye la suspensión de los sueldos de los asambleístas que incurrieron en esta falta.

Olsen enfatizó que la Asamblea Nacional debe ser un ejemplo de disciplina y respeto institucional, y no un espacio de confrontación ni de ausencia injustificada. “Estas faltas de respeto y ausencias normalizadas en presidencias anteriores se terminaron”, aseguró.

Fundamento legal: el artículo 169 de la LOFL

El caso se ampara en el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que tipifica como falta administrativa leve el hecho de “faltar injustificadamente, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno y de las comisiones, o dejar sin el quórum necesario para la continuación de las sesiones”.

De acuerdo con Olsen, la salida abrupta de los 45 asambleístas de RC configura una infracción clara de esta normativa, lo que daría paso a sanciones administrativas que podrían ir desde amonestaciones hasta la suspensión temporal de su salario

La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) es una de las más numerosas de la Asamblea, lo que le permite tener un rol clave en la conformación del quórum. Su salida masiva de la sesión 37 del Pleno generó un fuerte impacto político, ya que impidió la continuidad del debate y desató una nueva ola de críticas en torno a su estrategia legislativa.

El hecho ha sido interpretado por analistas políticos como una señal de tensión creciente entre el oficialismo y la oposición. Mientras el presidente Noboa y su bloque buscan consolidar gobernabilidad, la RC mantiene una postura crítica y confrontativa, que en este caso se tradujo en una retirada masiva del debate.

La posición de Niels Olsen: firmeza y sanción ejemplar

Olsen se mostró firme al señalar que no permitirá que este tipo de conductas se repitan. Su llamado a sancionar con rigor a los legisladores opositores busca, según dijo, “poner fin a la impunidad y la indisciplina en el Parlamento”.

El presidente del Legislativo también sostuvo que la ciudadanía exige un comportamiento responsable por parte de sus representantes, y que abandonar el Pleno en medio de un debate crucial es una falta de respeto hacia los votantes y hacia la democracia.

Imagínate que estás en tu trabajo, a mitad de la jornada, y decides levantarte y marcharte. Tendría consecuencias, ¿verdad?

¿Por qué en la Asamblea debería ser distinto?

Quien abandona el Pleno le falla al país. Por eso presenté una queja formal ante el CAL contra 45… pic.twitter.com/oozE3QnSyu

— Niels Olsen (@NielsOlsen) September 22, 2025

El 21 de septiembre de 2025 quedará marcado como un día clave en la política ecuatoriana. Desde la madrugada, simpatizantes del presidente Daniel Noboa se dieron cita en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito, para expresar su respaldo al Decreto 153, recientemente remitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a este organismo. Entre carteles, banderas y consignas, la consigna fue clara: “¡Nueva Constitución!”, un grito que refleja el deseo de cambio y transformación institucional que impulsa el actual Gobierno.

La concentración ciudadana en apoyo al Gobierno

Desde la noche del sábado 20 de septiembre, varios ciudadanos comenzaron a instalarse en las inmediaciones de la Corte Constitucional. Familias completas, jóvenes universitarios, colectivos barriales y representantes de sectores sociales acudieron con la firme convicción de respaldar al presidente Noboa.

El ambiente estuvo cargado de energía y compromiso político. Entre tambores, megáfonos y pancartas, se repetía una sola consigna: la convocatoria a una Asamblea Constituyente como salida a los problemas estructurales que atraviesa el Ecuador.

La presencia policial y militar fue reducida, lo que generó un espacio abierto para la manifestación pacífica. Los asistentes permanecieron en el platón durante horas, portando carteles con mensajes como:

• “Con Noboa, una nueva era”
• “Por un Ecuador moderno y justo”
• “Constituyente ya”

El trasfondo del Decreto 153

El Decreto 153 marca un punto de inflexión en el pulso institucional entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Este documento busca abrir la puerta a una Asamblea Constituyente, un mecanismo que, según el Gobierno, permitirá diseñar una Nueva Constitución acorde a los retos del siglo XXI.

La propuesta llega luego de la polémica alrededor del Decreto 148, que también planteaba un camino hacia la Constituyente, pero que fue suspendido de manera provisional por la Corte tras admitir varias demandas de inconstitucionalidad. Posteriormente, el propio presidente decidió derogarlo, dejando el escenario listo para la nueva estrategia política: el Decreto 153.

Este decreto, remitido por el CNE a la Corte Constitucional, deberá superar el examen jurídico para determinar si cumple con los requisitos constitucionales y procedimentales para avanzar hacia una consulta popular que respalde el llamado a Constituyente.

La demanda de una Nueva Constitución no es nueva en la historia del país. Sin embargo, bajo el liderazgo de Daniel Noboa adquiere un matiz diferente: se plantea como un instrumento de modernización del Estado, de reforma estructural y de consolidación de un modelo político que responda a las demandas ciudadanas de seguridad, empleo, innovación y transparencia.

Para los simpatizantes del Gobierno, la actual Constitución ha demostrado ser insuficiente para resolver los desafíos que enfrenta Ecuador. La inseguridad, la crisis económica y la falta de gobernabilidad son factores que, según los manifestantes, solo podrán enfrentarse con un nuevo marco constitucional.

El CNE ya cumplió con el envío del decreto a la Corte, pero el verdadero debate comienza ahora. La Corte Constitucional tendrá la responsabilidad de analizar si el decreto se ajusta a derecho. Esta instancia se convierte así en el árbitro de un proceso que podría definir el rumbo político del país durante la próxima década.

En este escenario, la manifestación del 21 de septiembre no solo representó un acto de apoyo popular, sino también una demostración de presión ciudadana hacia las instituciones. El mensaje es claro: el pueblo demanda una respuesta ágil y favorable a la propuesta del presidente Noboa.