Autor: Ricardo Rodriguez

La situación judicial de Álex Iván Alcívar, conocido como alias ‘Ronco’ y hermano de William Joffre Alcívar, alias ‘Comandante Willy’, ha tomado un giro decisivo en España. La Fiscalía española considera que existen fundamentos legales suficientes para ordenar su excarcelación, luego de que Ecuador no cumpliera dentro del plazo establecido con las garantías exigidas para concretar su extradición.

Álex Iván Alcívar es señalado como integrante y presunto cabecilla del grupo criminal Los Tiguerones, una organización vinculada a graves hechos de violencia en Ecuador. Su detención se produjo en octubre de 2024 en Segur de Calafell, Tarragona, junto a su hermano, en una operación coordinada por las autoridades españolas. Aunque ambos fueron arrestados al mismo tiempo, los procesos de extradición se tramitaron por separado, debido a las diferencias en las causas judiciales que enfrentan.

En el caso de alias ‘Ronco’, Ecuador solicitó su extradición por delitos de delincuencia organizada y secuestro extorsivo. Sin embargo, la Audiencia Nacional de España condicionó la entrega a que el Estado ecuatoriano presentara garantías formales sobre el respeto a su derecho a la vida y a la integridad personal dentro del sistema penitenciario. Estas garantías debían ser avaladas por un organismo internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal español otorgó un plazo de tres meses para que dichas garantías fueran presentadas y verificadas. Al no recibirlas dentro del tiempo establecido, la Fiscalía concluyó que las garantías no fueron prestadas en los términos exigidos, lo que jurídicamente habilita a denegar la extradición, archivar el procedimiento y ordenar la libertad del reclamado.

Este escenario es similar al ocurrido con William Joffre Alcívar, quien fue liberado días atrás bajo el mismo argumento, pese a que el Gobierno de Ecuador aseguró haber enviado las garantías. Para la justicia española, el factor determinante no es solo el envío, sino su validez, suficiencia y verificación independiente.

Las autoridades judiciales españolas han reiterado que estas exigencias responden a la crisis de violencia que atraviesan las cárceles ecuatorianas, un elemento clave al evaluar solicitudes de extradición. En este contexto, la Sala correspondiente analiza si procede aplicar el mismo criterio en el caso de Álex Iván Alcívar, lo que abriría la puerta a su liberación inmediata en territorio español.

La Policía Nacional del Ecuador activó el Plan de Recompensas 131 tras el violento crimen múltiple registrado en el cantón Puerto López, provincia de Manabí, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables. La institución ofreció incentivos económicos a ciudadanos que proporcionen información verificada y útil para el avance de la investigación, asegurando confidencialidad absoluta y protección a los informantes.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales oficiales, la Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar a través de los canales habilitados, entre ellos la línea gratuita 131 y el correo electrónico informa@recompensas131.org, mecanismos diseñados para recibir datos de manera segura y anónima. Las autoridades recalcaron que cualquier aporte puede ser clave para esclarecer este hecho que ha generado alarma social en la zona costera.

El caso salió a la luz el domingo, cuando personas que se encontraban en una playa de Puerto López realizaron una alerta al observar un hallazgo estremecedor. En el lugar, los agentes confirmaron la presencia de cinco cabezas humanas suspendidas con una cuerda atada a palos de madera, escena que fue inmediatamente acordonada para preservar evidencias y permitir el trabajo de las unidades especializadas.

Durante las primeras diligencias, la Policía encontró también un mensaje intimidatorio, presuntamente relacionado con extorsiones dirigidas a pescadores, lo que forma parte de una de las principales líneas investigativas. Este elemento refuerza la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a estructuras delictivas organizadas que operan en la región y que buscan sembrar temor como mecanismo de control.

Familiares de las víctimas lograron identificarlas como Ángel Mero Muñoz (34 años), Jorge Quijije (22), Anthony Anchundia (20), Bernardo Medranda (24) y Daniel Reyes, cuya edad aún no ha sido confirmada oficialmente. Según información preliminar, una de las víctimas sería oriunda de Guayaquil, dato que amplía el alcance territorial de la investigación.

La Policía indicó que el hecho podría responder a un ajuste de cuentas entre bandas criminales, advirtiendo además sobre la posible presencia de personas vinculadas a organizaciones delictivas que no residen en Puerto López, lo que ha motivado un refuerzo de los operativos de control y patrullaje en el cantón y sectores aledaños.