Autor: Ricardo Rodriguez

La violencia criminal en Guayaquil dejó dos nuevas víctimas en la Zona 8, específicamente en los sectores de Balerio Estacio y Flor de Bastión. Los jóvenes, que frecuentaban un centro religioso local, fueron ejecutados en un lapso de dos horas, entre las 19:00 y las 21:00 del lunes 2 de febrero de 2026.

El primer incidente ocurrió en la quinta etapa de Balerio Estacio, cerca de la manzana 3063. La víctima, Luis Piloso, de 22 años, fue hallada sin vida en la vía pública. Según testigos, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego antes de que se alertara al ECU911. Piloso vestía pantalón azul y bividí blanca al momento del ataque. La Policía levantó indicios balísticos en la escena que servirán para la investigación.

Dos horas más tarde, en el bloque 17 de Flor de Bastión, Guillermo Angulo fue asesinado dentro de una vivienda. La víctima vestía pantalón gris y bividí blanca, y presentaba múltiples impactos de bala. En el lugar se recogieron al menos siete indicios balísticos, mientras que las autoridades iniciaron la búsqueda de posibles responsables.

Ambos jóvenes eran conocidos por su participación en la iglesia del sector, donde recibieron apoyo para su vivienda. Un pastor local expresó su consternación por los hechos y afirmó desconocer las motivaciones detrás del ataque, subrayando que los jóvenes eran personas tranquilas y comprometidas con la comunidad.

La situación refleja un incremento de la violencia en la Zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón. Durante enero de 2026, esta región acumuló 248 hechos violentos, siendo la zona con más incidentes a nivel nacional. A pesar de una disminución general del 8% en los homicidios en el país, Guayaquil sigue siendo un epicentro de violencia urbana, donde los jóvenes continúan siendo las principales víctimas.

Las autoridades reiteran la necesidad de reforzar la seguridad comunitaria y mejorar los mecanismos de prevención del delito, especialmente en sectores con alta densidad poblacional y riesgo social. La colaboración de vecinos, líderes religiosos y fuerzas policiales se vuelve crucial para contener estos episodios que afectan directamente la tranquilidad de la ciudadanía.

El doble asesinato de Luis Piloso y Guillermo Angulo deja en evidencia que la violencia en Guayaquil no distingue entre edad, ocupación o nivel de involucramiento social, siendo un desafío constante para las autoridades y la sociedad civil.

Un operativo policial iniciado por una alerta ciudadana sobre conducta sospechosa derivó en una de las sentencias más severas por tráfico de armas en la provincia de Manabí. Los individuos implicados, identificados como Pierre M., Deiby N., Ronald M. y Marlon M., fueron declarados culpables por un Tribunal de Garantías Penales, recibiendo 25 años de prisión como autores directos del delito.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional intervinieron dos habitaciones de un motel en la ciudad de Portoviejo. En la primera habitación, los uniformados encontraron a tres personas consumiendo drogas, mientras que sobre la cama estaban varias armas de fuego listas para ser usadas. En la segunda habitación, otro sujeto fue sorprendido con un arma de fuego en su poder, siendo inmediatamente neutralizado.

Arsenal incautado y evidencia

El armamento decomisado incluía dos fusiles de alto alcance, dos pistolas y una pistola traumática modificada, acompañados de 40 municiones aptas para el disparo. Los informes balísticos confirmaron que todas las armas estaban en perfecto estado operativo, lo que aumentó la gravedad del caso ante el tribunal.

La Fiscalía General del Estado presentó testimonios de los agentes y pruebas técnicas, lo que permitió demostrar de manera contundente la peligrosidad de los implicados. El hecho de que el delito involucrara a múltiples personas fue considerado como un agravante significativo, elevando la pena a casi el máximo permitido por la ley.

Marco legal aplicado

El tráfico ilícito de armas se encuentra tipificado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Aunque la pena base suele ser menor, la magnitud del arsenal y las circunstancias del arresto justificaron la sentencia de 25 años de prisión. Este caso marca un precedente en Manabí por la severidad de la sanción aplicada a quienes comercializan y portan armas de manera ilegal.

Durante la mañana de este martes 3 de febrero, un operativo militar de gran escala se ejecutó en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, que dejó como resultado la detención de ocho personas presuntamente vinculadas al grupo delictivo organizado Los Lobos. La intervención se desarrolló en un galpón ubicado en el sector de Inchalillo, donde, según información oficial, se realizaban actividades ilícitas relacionadas con el desmantelamiento de vehículos robados.

El Ejército Ecuatoriano desplegó un importante contingente de efectivos, quienes ingresaron al predio tras labores de inteligencia militar. En el lugar se hallaron varios automotores en proceso de desarme, algunos de ellos completamente desmantelados, con sus piezas almacenadas en cajas de cartón y estructuras metálicas, lo que evidenciaría una operación sistemática y organizada.

Vehículos robados y chasis remarcados entre las evidencias

Como parte del procedimiento, las autoridades lograron decomisar cinco vehículos reportados como robados, además de dos automotores con el chasis presuntamente remarcado, una práctica común utilizada para dificultar la identificación y rastreo de autos sustraídos. Las unidades fueron trasladadas a patios de retención para las pericias correspondientes.

Los militares procedieron a neutralizar y registrar a los sospechosos, quienes fueron obligados a permanecer en el suelo con las manos sobre la cabeza mientras se aseguraba la escena. Posteriormente, fueron entregados a las autoridades competentes para el inicio del proceso legal.

Sospechosos vinculados a actividades delictivas violentas

Los detenidos fueron identificados como Cristian J., Carlos D., Boris S., Darwin R., Milton S., Erick M., Cristian G. y Jefferson I. De acuerdo con información preliminar de las Fuerzas Armadas, los implicados tendrían vínculos directos con Los Lobos y utilizarían el galpón como centro logístico para arreglar, modificar y desarmar vehículos, los cuales serían empleados en delitos como robos armados, sicariatos y otros actos violentos.

Las autoridades militares señalaron que esta intervención representa un golpe significativo a la economía ilícita de la organización criminal, especialmente en un contexto de incremento de los índices delictivos en el Valle de Los Chillos, zona que en los últimos meses ha sido escenario de múltiples hechos violentos relacionados con el crimen organizado.