El juez Jairo García respondió al pedido presentado por la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del denominado caso Goleada, y dejó claro que no tiene competencia para disponer el traslado de personas privadas de libertad a un centro penitenciario específico.
La solicitud planteaba que el alcalde y otros cuatro procesados sean derivados al Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha n.º 2, conocido como Cárcel 4 de Quito. En la providencia emitida el 19 de febrero de 2026, el magistrado explicó que la facultad de decidir sobre el lugar de reclusión corresponde exclusivamente al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), organismo administrativo encargado de gestionar el sistema penitenciario del país.
En el documento, García Mosquera precisó que, si bien en su momento recomendó que la privación de libertad se cumpla en el centro sugerido por las defensas técnicas, esa recomendación no implica una orden directa. Subrayó que el juez puede emitir criterios u observaciones, pero no sustituir las atribuciones del ente responsable de la administración carcelaria.
No obstante, el magistrado dispuso que se oficie al SNAI para que conozca formalmente la petición de la defensa y actúe conforme a sus competencias legales. De esta manera, la entidad deberá analizar la solicitud y adoptar la decisión que considere pertinente dentro del marco normativo vigente.
En la misma providencia también se dejó constancia de que el SNAI informó sobre el desmontaje del dispositivo de vigilancia electrónica que portaba Aquiles Alvarez, medida que había sido aplicada en una etapa previa del proceso.
Actualmente, el alcalde permanece recluido en el centro penitenciario de Latacunga, mientras que los otros procesados del caso cumplen la medida de prisión preventiva en la cárcel de Turi, en Cuenca, en el marco de la investigación conocida como caso Goleada.
