Autor: Ricardo Rodriguez

Desde el 23 de febrero de 2026 está en vigor la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), tras su publicación en el Registro Oficial. La normativa redefine la estructura presupuestaria de municipios y prefecturas, estableciendo reglas fiscales obligatorias orientadas a fortalecer la inversión pública y reducir el gasto discrecional.

La reforma, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente y aprobada por la Asamblea, introduce cambios en el sistema de transferencias del Presupuesto General del Estado. Los GAD participarán del 21 % de los ingresos permanentes y del 10 % de los no permanentes, siempre que cumplan con la nueva regla mínima de asignación presupuestaria.

El eje central de la normativa establece que al menos el 70 % del presupuesto anual de egresos no financieros deberá destinarse a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos. El restante 30 % podrá emplearse en gasto corriente. Este esquema prioriza obras públicas, servicios básicos, vialidad, equipamiento comunitario y demás competencias territoriales.

Además, la ley busca extinguir los denominados gastos discrecionales, como eventos artísticos, culturales o recreativos que no promuevan la dinamización económica. La asignación a estas actividades quedará supeditada al cumplimiento previo del porcentaje obligatorio de inversión.

El Ministerio de Economía y Finanzas realizará seguimientos trimestrales dentro de los 60 días posteriores a cada cierre de trimestre para verificar el cumplimiento de la regla. La aplicación será progresiva: desde junio de 2026 se exigirá al menos el 65 %, en 2027 el 68 % y a partir de 2028 el 70 % definitivo.

Con esta reforma, se consolida un nuevo modelo de disciplina fiscal territorial que obliga a los GAD a reorganizar su planificación financiera, priorizar infraestructura y optimizar el uso de recursos públicos bajo parámetros de sostenibilidad y eficiencia.

El Ministerio del Trabajo reiteró que la nueva propuesta de regulación laboral no modifica el Código del Trabajo ni altera la jornada ordinaria de 40 horas semanales. Según explicó el ministro Harold Burbano, la iniciativa busca introducir mecanismos de flexibilidad laboral, manteniendo intactos los derechos adquiridos por los trabajadores.

La propuesta ha generado debate público tras la difusión del Acuerdo Ministerial MDT-2026-046, que permitió interpretar la posibilidad de jornadas de hasta doce horas diarias. No obstante, el ministro aclaró que el documento fue filtrado y no está vigente, y que cualquier cambio debe cumplir los procedimientos legales correspondientes antes de su aplicación.

Horas extra compensadas con dinero o tiempo

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la posibilidad de incrementar hasta dos horas extra, las cuales no dejan de pagarse. Estas horas pueden ser compensadas económicamente o, si existe acuerdo entre trabajador y empleador, canjeadas por tiempo de descanso.

Desde la cartera de Estado se subrayó que esta alternativa representa un beneficio directo para el trabajador, ya que permite organizar mejor su jornada laboral sin recurrir al descuento de vacaciones ni a sanciones administrativas.

Flexibilidad para situaciones personales y familiares

El ministro explicó que esta modalidad responde a realidades cotidianas, como necesidades médicas o familiares impostergables. En estos casos, el trabajador puede reorganizar su semana laboral, recuperando horas en otro día, siempre respetando el descanso semanal y sin afectar su remuneración.

Este enfoque elimina prácticas como el conocido “cargo a vacaciones”, que históricamente ha sido motivo de reclamos por parte de los trabajadores.

Aclaración sobre las jornadas de 12 horas

La mención de jornadas de hasta 12 horas se limita exclusivamente a casos excepcionales, como el sector del transporte, que ya cuenta con regulaciones especiales debido a la naturaleza de su actividad. El Ministerio del Trabajo insistió en que no se trata de una aplicación generalizada para todos los sectores productivos.

Control estatal y aprobación de horarios

Como medida de control, las jornadas especiales y los horarios deberán ser aprobados por el Ministerio del Trabajo. En caso de no existir respuesta en un plazo determinado, se analiza la aplicación del silencio administrativo positivo, un mecanismo que aún se discute con organizaciones sindicales.

Durante una entrevista en Teleamazonas, el ministro señaló que el diálogo social continuará con trabajadores, empleadores y cámaras productivas, con el objetivo de perfeccionar la propuesta y garantizar que la regulación laboral promueva equilibrio, flexibilidad y protección de derechos.

Durante la campaña presidencial de 2021, Ecuador vivió un escenario de alta tensión política y polarización social. En ese contexto, una investigación de la Policía Nacional, en coordinación con agencias internacionales, reveló presuntos vínculos indirectos entre operadores del narcotráfico balcánico y figuras del ámbito político ecuatoriano. En el centro de estas revelaciones aparece el nombre de Andrés Arauz, entonces aspirante a la Presidencia por la coalición Unión por la Esperanza (UNES), vinculada al movimiento Revolución Ciudadana.

Uno de los elementos más sensibles del expediente es la presunta entrega de un vehículo blindado Ford Edge, placas GTB-3810, que habría sido puesto a disposición del candidato durante la campaña. Según la investigación, el automotor pertenecería a una estructura del narcotráfico balcánico, liderada por Jezdimir Srdan, alias Brate, un ciudadano serbio con antecedentes por tráfico de drogas en Europa.

De acuerdo con los chats analizados por las autoridades, la entrega del vehículo habría sido coordinada por Danny William Naula González, alias Odín, uno de los operadores logísticos de la red en Ecuador. En las conversaciones, Odín señala que facilitó el automóvil al candidato por instrucción directa de Srdan, evidenciando un nivel de confianza y obediencia dentro de la estructura criminal. El propio Srdan se muestra sorprendido en los mensajes al confirmar que el carro ya estaba en manos del político.

El expediente del caso Finisterra también detalla que la organización criminal contaba con otros operadores, como Wellington Giovany Córdova Maldonado, quienes actuaban bajo la fachada de empresarios. Sus funciones incluían movilizar droga, contaminar contenedores, ocultar dinero en efectivo y gestionar la logística portuaria, especialmente en zonas estratégicas de Guayas y Posorja.

Los chats revelan, además, que los miembros de la red monitoreaban el panorama electoral ecuatoriano, celebrando avances políticos que consideraban favorables a sus intereses. En un inicio, algunos operadores mostraban dudas sobre Arauz, hasta que confirmaban su vínculo con el correísmo, lo que cambiaba el tono de las conversaciones.

La investigación también menciona acercamientos con otras figuras políticas, lo que sugiere que el objetivo del grupo no se limitaba a un solo sector, sino a expandir su red de influencias para facilitar el tráfico internacional de cocaína hacia puertos europeos como Amberes y Róterdam.