La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional recomendó al Pleno el archivo del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial, tras aprobar una moción con siete votos a favor. El informe sostiene que la propuesta presenta vacíos técnicos, podría generar gasto público y no ofrece un marco adecuado para impulsar el desarrollo tecnológico del país.
La moción fue presentada por la presidenta de la Comisión, Cecilia Baltazar (Pachakutik), quien expuso once argumentos para justificar el archivo. Entre ellos destacó la falta de coordinación institucional entre la Secretaría de Protección de Datos y el actual Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, además de la ausencia de mecanismos claros de gobernanza para la inteligencia artificial.
Uno de los principales cuestionamientos del informe es que el proyecto implica nuevas obligaciones para el Estado, como la contratación de personal especializado, infraestructura tecnológica, sistemas de información, capacitación permanente y procesos de fiscalización. Según la Comisión, estas disposiciones contravienen el artículo 135 de la Constitución, que limita la creación de gasto público desde la Asamblea Nacional.
La legisladora María Belén Yela (Revolución Ciudadana) fue la única integrante que rechazó la recomendación de archivo, junto con Ana María Raffo y Patricio Chávez. Yela cuestionó que, después de dos años de debate, la Comisión decida archivar la iniciativa argumentando que el texto está incompleto, cuando el propio Legislativo tiene la facultad de perfeccionar las leyes durante su trámite.
El informe también advierte sobre el riesgo de una sobrerregulación temprana. Los comisionados consideran que la inteligencia artificial evoluciona con rapidez y que una normativa rígida podría convertirse en una barrera para la innovación, especialmente para emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollan soluciones tecnológicas.
Además, la Comisión señala que el proyecto no incorpora herramientas fundamentales como estándares de transparencia, evaluaciones de impacto para sistemas de alto riesgo, reglamentos sectoriales y códigos de conducta, ni recoge plenamente los principios del Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, considerado el primer tratado internacional vinculante sobre esta materia.
La recomendación será remitida al Pleno de la Asamblea Nacional, que tendrá la decisión final sobre el futuro del proyecto de ley.
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