El alcalde del cantón El Tambo, René Castillo, permanece vinculado a un proceso judicial por el presunto delito de peculado, una infracción contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que, en caso de una sentencia condenatoria, establece una pena privativa de libertad de entre diez y trece años.
La investigación también involucra a un concejal y a un promotor de eventos, quienes cumplen prisión preventiva mientras avanzan las diligencias. El caso está relacionado con la organización de un concierto internacional desarrollado durante las festividades por los 33 años de cantonización de El Tambo, en la provincia del Cañar.
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, el evento habría sido contratado por un monto de 50.000 dólares mediante un acuerdo suscrito entre el Municipio y el promotor de espectáculos. Sin embargo, las investigaciones posteriores detectaron presuntas irregularidades relacionadas con la impresión, distribución y comercialización de los boletos para el ingreso al concierto.
Según el informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría General del Estado, se habrían emitido 3.200 boletos, cuya venta representaba una recaudación aproximada de 83.000 dólares. Las autoridades sostienen que parte de esos boletos fue entregada al alcalde y a un concejal, mientras que el resto quedó bajo responsabilidad del organizador del evento.
Durante el examen especial realizado por la Contraloría, el alcalde habría presentado 1.178 boletos que, según su versión, no fueron comercializados. No obstante, la Fiscalía señaló que el destino del resto de las entradas no habría podido ser plenamente justificado dentro del proceso de auditoría.
Como resultado de estas inconsistencias, las autoridades estiman que se produjo un perjuicio económico cercano a los 49.545 dólares, recursos que presuntamente no ingresaron a las cuentas oficiales del Municipio de El Tambo.
El fiscal provincial de Cañar, César Andrade Maldonado, explicó que la investigación busca determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos obtenidos por la venta de boletos y si se cumplieron los procedimientos administrativos correspondientes para el manejo del dinero recaudado.
Entre los aspectos que forman parte de las indagaciones también consta que la impresión y comercialización de las entradas aparentemente no estaban contempladas dentro del contrato original, además de que no existiría la autorización administrativa necesaria para regular la recaudación y el ingreso de esos valores a las arcas municipales.
El delito de peculado, establecido en el artículo 278 del COIP, sanciona a los servidores públicos que, aprovechando las funciones de su cargo, se apropien, administren de forma indebida o dispongan arbitrariamente de bienes o recursos públicos o privados que estén bajo su responsabilidad.
La causa continuará durante la etapa de instrucción fiscal, prevista para un plazo de 90 días, periodo en el que la Fiscalía recopilará nuevos elementos de convicción y practicará diligencias para determinar las responsabilidades de los procesados. Al finalizar esta fase, un juez evaluará las evidencias presentadas y decidirá si el caso avanza hacia una nueva etapa del proceso penal.
Cabe señalar que, hasta que exista una sentencia ejecutoriada, las personas procesadas mantienen su presunción de inocencia, conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación ecuatoriana.
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