Un operativo ejecutado en la parroquia de Guayllabamba, al norte de Quito, permitió descubrir una presunta red dedicada a la producción, almacenamiento y comercialización de material de abuso sexual infantil. La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, que inició las pesquisas el pasado 9 de junio.
Según la información presentada por las autoridades, el principal sospechoso utilizaba el usuario “2RINGGSSMAN” en redes sociales para realizar actividades relacionadas con este delito. A través de diversas pericias tecnológicas y labores de inteligencia, los investigadores lograron identificar varios inmuebles vinculados al caso.
Como parte de las diligencias, se ejecutaron allanamientos en cuatro propiedades donde se encontraron 291 imágenes y 111 videos de presunto abuso sexual infantil. Los archivos fueron incautados y forman parte de los elementos de convicción incorporados al proceso penal.
La investigación también reveló que al menos siete niñas de entre 2 y 7 años habrían sido utilizadas para la producción de este material ilícito. Entre los hallazgos más graves se encuentra la presunta relación familiar entre el detenido y una de las menores afectadas, lo que podría constituir una agravante dentro del proceso judicial.
El caso contó con el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI), organismo perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La cooperación internacional permitió ubicar al sospechoso y recopilar información clave para fortalecer la investigación.
Durante el operativo, las autoridades rescataron a una niña de 6 años, quien fue puesta bajo protección de los organismos competentes. Asimismo, se recopilaron evidencias digitales y documentales que fueron expuestas durante la audiencia de formulación de cargos.
La madrugada del 13 de junio, la fiscal encargada del caso presentó ante una jueza de Garantías Penales los elementos recabados durante la investigación. Tras analizar la documentación y los indicios presentados, la magistrada acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para el procesado mientras avanzan las investigaciones.
De acuerdo con el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuando el responsable de este delito es padre, madre o mantiene alguno de los vínculos establecidos por la ley con la víctima, la sanción puede alcanzar entre 22 y 26 años de prisión.
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