La Asamblea Nacional desarrolló este 8 de junio de 2026 el primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una propuesta que busca actualizar la normativa penal ecuatoriana frente a nuevas formas de criminalidad, fortalecer la seguridad ciudadana y endurecer las sanciones en delitos relacionados con corrupción, crimen organizado y delitos rurales.
El informe presentado por la Comisión de Justicia reúne decenas de iniciativas legislativas impulsadas desde 2024 y plantea cambios en áreas como seguridad, tránsito, migración, delitos electorales, protección de datos, integridad deportiva y abigeato.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres, señaló que la reforma constituye una verdadera transformación del sistema penal ecuatoriano. Según explicó, el objetivo es responder de manera integral a la evolución del crimen organizado y a las nuevas amenazas que enfrenta el país.
Entre las modificaciones más relevantes destaca la división del delito de peculado en cinco modalidades específicas, el castigo a la quiebra fraudulenta de entidades financieras y el incremento de penas cuando los recursos afectados pertenecen a sectores sensibles como salud, educación o alimentación. Además, se propone la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en determinados delitos.
El legislador independiente Cristian Benavides respaldó la necesidad de realizar cambios estructurales y defendió el aumento de las penas para el delito de abigeato, que podría alcanzar hasta diez años de prisión cuando existan agravantes.
Por su parte, el asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, planteó eliminar el límite máximo de acumulación de penas de 40 años, argumentando que el actual sistema impide sancionar adecuadamente a delincuentes reincidentes responsables de múltiples delitos graves.
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán expresó preocupación por la amplitud del proyecto, que reúne 84 propuestas legislativas en un solo documento. La legisladora advirtió sobre el riesgo de ampliar excesivamente el poder punitivo del Estado sin resolver problemas estructurales de seguridad.
Las reformas también incorporan nuevos delitos como el comercio ilegal de datos, la pertenencia a grupos subversivos y de criminalidad organizada, la manipulación de competencias deportivas y la coacción al sufragante. Asimismo, actualizan disposiciones relacionadas con violencia sexual, aborto no punible, delitos contra la propiedad y protección de grupos vulnerables.
Tras la participación de catorce legisladores, el informe regresó a la Comisión de Justicia para incorporar observaciones y preparar el texto que será analizado en el segundo y definitivo debate.
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