La asambleísta Mishel Mancheno, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó este 1 de junio de 2026 un proyecto de ley antimafias que busca fortalecer las capacidades del Estado ecuatoriano frente al avance del crimen organizado.
La propuesta contempla 14 reformas legales, de las cuales once corresponden al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial. El objetivo es cerrar vacíos legales que permiten a las organizaciones criminales mantener sus operaciones, reclutar nuevos miembros y conservar bienes obtenidos de manera ilícita.
Según la proponente, el crimen organizado funciona mediante una estructura compleja integrada por líderes, financistas, reclutadores, colaboradores logísticos, operadores financieros y personas encargadas de intimidar a víctimas y testigos. Por ello, la iniciativa busca atacar todos los niveles de estas redes delictivas.
Cambios al COIP
Las reformas plantean modificaciones al delito de delincuencia organizada, incorporando nuevas figuras como la pertenencia funcional a una organización criminal, el reclutamiento de personas para actividades ilícitas y el uso de infraestructura destinada a operaciones delictivas.
Además, se fortalecen las normas relacionadas con la prisión preventiva y la evaluación de riesgos en casos de crimen organizado. Los jueces deberán considerar factores como capacidad económica, control territorial, redes de apoyo y riesgo de continuidad criminal antes de conceder medidas sustitutivas.
Bienes incautados y extinción de dominio
La reforma a la Ley de Extinción de Dominio permitirá administrar temporalmente bienes vinculados a actividades ilícitas para evitar su deterioro, abandono o pérdida de valor. También se contempla la asignación temporal de estos activos para fines de utilidad pública mientras se desarrollan los procesos judiciales.
Responsabilidad judicial y profesional
El proyecto incorpora sanciones disciplinarias para casos en los que no exista una adecuada motivación jurídica en decisiones relacionadas con prisión preventiva cuando la ley lo exija.
Asimismo, establece la posibilidad de inhabilitar profesionalmente a abogados condenados por delitos relacionados con crimen organizado, lavado de activos, corrupción u obstrucción de la justicia cuando estos hechos estén vinculados con el ejercicio de su profesión.
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