La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó que el país presentará su respuesta antes del plazo de diez días hábiles establecido por la Comunidad Andina (CAN) respecto a la eliminación del arancel del 100 % aplicado como medida de seguridad a productos provenientes de Colombia. Esta decisión se da en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países andinos.
Sommerfeld explicó que la medida arancelaria se adoptó como parte de una estrategia de seguridad fronteriza frente al aumento de amenazas vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado. Según la Cancillería, estas acciones buscan proteger la frontera norte del Ecuador, donde se ha identificado un impacto directo de la producción de coca y la violencia asociada en Colombia.
En paralelo, el Gobierno de Ecuador mantiene conversaciones técnicas y jurídicas para elaborar la respuesta oficial ante la CAN. En este proceso participan instituciones como el Comité de Comercio Exterior, la Aduana, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General del Estado. La posición ecuatoriana será presentada dentro del plazo establecido por el organismo regional.
La canciller también destacó otros ejes de la política exterior, como el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Según indicó, la reciente visita del presidente Daniel Noboa a ese país fue positiva y permitió reforzar acuerdos en intercambio de información, apoyo logístico y entrenamiento de fuerzas de seguridad. Además, Ecuador participa en iniciativas regionales como el “Escudo de las Américas”, orientadas a combatir el crimen organizado transnacional.
En el ámbito migratorio, el Gobierno reporta una disminución en los cruces irregulares de ecuatorianos hacia Estados Unidos y un aumento en el retorno controlado de migrantes. Las autoridades han implementado programas de apoyo para los ciudadanos deportados, incluyendo asistencia económica inicial, capacitación y acceso a empleo temporal.
Respecto a Colombia, el Gobierno ecuatoriano mantiene su postura de diálogo, aunque reconoce diferencias en el enfoque de seguridad fronteriza. Mientras tanto, la decisión final sobre el arancel dependerá de la evaluación técnica basada en estadísticas y reportes de seguridad.
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