Veto parcial a la Ley de Ordenamiento Territorial: puntos clave
El presidente Daniel Noboa emitió un veto parcial a las reformas de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs), aprobadas previamente por la Asamblea Nacional del Ecuador con 80 votos. Esta decisión, tomada el 27 de abril de 2026, introduce observaciones sobre 18 artículos y una disposición transitoria, basadas en criterios de inconstitucionalidad e inconveniencia.
Las reformas originales incluían 40 artículos, además de disposiciones generales y transitorias, enfocadas en fortalecer la planificación territorial, regular los procesos urbanísticos y mejorar el control institucional sobre el uso del suelo.
Artículos observados y cambios propuestos
Entre los artículos objetados destacan aquellos relacionados con la vigencia de los planes de uso de suelo, la aplicación de planes parciales y los plazos municipales para aprobar permisos urbanísticos, fijados en un máximo de 30 días. El Ejecutivo considera que ciertos puntos pueden afectar la autonomía de los gobiernos locales o generar conflictos legales.
Uno de los aspectos más relevantes del veto se centra en la transformación de suelo rural a urbano, especialmente en proyectos de vivienda de interés social. En estos casos, el Gobierno propone que se requiera un informe técnico vinculante de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial antes de aprobar excepciones a la concesión onerosa de derechos.
Mayor control institucional y rol de la Superintendencia
El veto también redefine las funciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, otorgándole facultades para calificar la capacidad técnica de consultores y supervisar que los municipios actúen conforme a la ley. Esta medida busca evitar irregularidades en la aprobación de proyectos y garantizar el cumplimiento del marco legal vigente.
Además, se establece que la entidad podrá intervenir de oficio ante posibles inconsistencias en decisiones municipales relacionadas con el uso del suelo.
Reacciones políticas y trámite legislativo
Desde la Revolución Ciudadana, el asambleísta Luis Fernando Molina criticó la decisión, señalando que responde a intereses políticos y no a la defensa de la autonomía territorial.
El veto parcial deberá ser analizado nuevamente por la Asamblea, que decidirá si acepta las observaciones del Ejecutivo o ratifica el texto original aprobado en marzo. Este proceso será clave para definir el futuro de la normativa que regula el desarrollo urbano y territorial en Ecuador.
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