Acciones policiales dejan resultados en Zona 8
Durante la segunda jornada del toque de queda en Guayaquil y Durán, la Policía Nacional ejecutó operativos focalizados que permitieron la aprehensión de doce personas, así como el decomiso de armas, drogas y la recuperación de vehículos robados. Estas intervenciones se realizaron en sectores estratégicos considerados de alta peligrosidad.
Bajo la dirección del comandante Pablo Dávila, las unidades policiales aprovecharon la restricción de movilidad para realizar más de 40 allanamientos en zonas como Prosperina, Pascuales, Florida y 9 de Octubre.
Detenidos vinculados a delitos graves
Entre los aprehendidos se encuentran ocho adultos, una mujer y un menor de edad, además de otros implicados capturados posteriormente. Según información preliminar, estarían relacionados con delitos como robo de vehículos, secuestro, extorsión y sicariato, lo que evidencia el nivel de organización de estas estructuras criminales.
Las autoridades también investigan posibles vínculos con organizaciones delictivas como Los Tiguerones, Latin King y Chone Killer, que operan en distintos sectores del país.
Armas, droga y tecnología incautada
Durante los operativos se logró el decomiso de armas de fuego de distinto calibre, municiones y prendas de uso militar, lo que confirma la peligrosidad de los grupos intervenidos. Además, se incautaron sustancias ilícitas como marihuana y cocaína, junto con equipos tecnológicos utilizados para vigilar y alertar sobre la presencia policial.
Otro resultado importante fue la recuperación de vehículos y motocicletas robadas, que eran utilizadas para cometer delitos o facilitar la movilidad de los sospechosos.
Control del toque de queda y sanciones
En el marco del control del toque de queda, las autoridades informaron que más de 100 personas fueron aprehendidas por incumplir la medida. Los infractores fueron encontrados circulando en la vía pública o realizando actividades no permitidas.
Según lo indicado por Pablo Dávila, estas personas serán puestas a órdenes de la autoridad competente por infringir el artículo 282 del COIP, que contempla penas de prisión.
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