El Gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la misión cubana en el país. La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores el miércoles 4 de marzo de 2026 y establece un plazo de 48 horas para que los funcionarios abandonen el territorio ecuatoriano.
La Cancillería fundamentó la medida en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que faculta a los Estados a declarar no grata a cualquier persona acreditada en una misión diplomática sin necesidad de explicar las razones. Este recurso, utilizado en contextos de alta sensibilidad política y diplomática, evidencia un endurecimiento de la postura del Estado ecuatoriano frente a la representación cubana.
En el documento oficial constan los nombres de los funcionarios alcanzados por la decisión, entre ellos consejeros, ministros consejeros, secretarios, agregados civiles, asistentes consulares, personal administrativo y de apoyo logístico. La disposición incluye a Vladimir González Fernández, Samuel Bibilonia Ballate, Ivette Franco Senen, Julio César Crespo Diéguez, Armando Bencomo Zamora, Elkis Rojas Pérez, Silvia García, Sonia García, Cloris Isabel Arias Rubio, Yazmin Rivero Campos, Gualberto Soto Álvarez, Yenisleydis Sánchez Sardiña, Teresa Martínez García, Daylín Córdova Díaz, María Victoria Fernández García, Claudia de la Caridad Amador González, Danger Castañeda Reve, Ariel Núñez, Serafín Larralde Lemus, Alexei Rosales Rodríguez y Alexander Martín López, entre otros.
La decisión diplomática se produce un día después de que el presidente Daniel Noboa firmara el Decreto Ejecutivo 317, mediante el cual dio por terminadas las funciones del embajador de Ecuador en Cuba, José María Borja López. El decreto también puso fin a su acreditación como embajador concurrente ante la Mancomunidad de Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, con sede en La Habana.
Este encadenamiento de decisiones refleja una reconfiguración profunda de la política exterior ecuatoriana hacia el Caribe y marca un episodio de alta tensión en el ámbito diplomático regional, con implicaciones directas en los canales bilaterales, consulares y políticos entre ambos Estados.
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