El Consejo de la Judicatura activó protocolos especiales de seguridad tras conocerse amenazas dirigidas contra el juez Jairo García Mosquera, responsable del caso Goleada. La medida fue adoptada el 26 de febrero de 2026, luego de que el magistrado informara formalmente al pleno de la institución sobre intimidaciones recibidas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
En un comunicado oficial, la Judicatura expresó su respaldo institucional al juez y recalcó que las amenazas se producen en el marco de un proceso penal de alta sensibilidad. En ese contexto, la entidad solicitó al Ministerio del Interior el incremento inmediato de la seguridad personal del magistrado, con el objetivo de resguardar su integridad y garantizar la continuidad del proceso judicial sin interferencias externas.
Como parte de las acciones adoptadas, el Consejo de la Judicatura autorizó el teletrabajo al 100 % para el juez García Mosquera. Esta decisión busca reducir riesgos operativos y permitir que el juzgador continúe con la sustanciación del caso bajo condiciones controladas, sin afectar los plazos ni la validez de las actuaciones procesales.
El caso Goleada involucra a varios procesados por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Entre ellos figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto con sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, además de otras ocho personas. La complejidad del expediente y la relevancia pública de los investigados han convertido a este proceso en uno de los más observados a nivel nacional.
En el pronunciamiento institucional, la Judicatura señaló que, frente a las amenazas, se activó “un protocolo de seguridad para salvaguardar la integridad del juzgador y la de su familia”, y aseguró que se mantendrá un seguimiento permanente del caso para adoptar nuevas medidas si la situación lo amerita. La entidad subrayó que todos los servidores judiciales deben actuar con firmeza frente a la delincuencia.
Este episodio se suma a un antecedente reciente. En menos de tres meses, otro juez anticorrupción, Carlos Serrano, denunció amenazas vinculadas a causas sensibles. Aquella situación derivó en un proceso político en la Asamblea Nacional y en la destitución del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Estos hechos han reactivado el debate sobre la seguridad de los operadores de justicia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección institucional.
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