## Propuesta de Camila León reabre el debate sobre críticas a funcionarios públicos
La asambleísta Camila León Cueva, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó en la Asamblea Nacional del Ecuador un proyecto de ley que propone reformar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de reforzar la libertad de expresión en casos de críticas dirigidas a servidoras y servidores públicos.
La iniciativa fue ingresada el 15 de enero de 2026 y consta de un solo artículo reformatorio, una disposición general y una final. El planteamiento se enfoca en las contravenciones de cuarta clase, que actualmente sancionan con penas de prisión de quince a treinta días a quienes profieran expresiones consideradas de descrédito o deshonra, incluso a través de redes sociales y medios digitales.
Cambio clave al artículo 396 del COIP
La reforma propone que, antes de sancionar, los jueces verifiquen si las expresiones denunciadas corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se trate de asuntos de interés público o críticas relacionadas con el ejercicio de funciones oficiales. Para ello, se deberán aplicar estándares constitucionales e interamericanos, que reconocen una protección reforzada a este tipo de discursos.
Además, la disposición general establece la obligación de aplicar un test de proporcionalidad, basado en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Libertad de prensa y antecedentes históricos
En la exposición de motivos, la legisladora recuerda que en Ecuador se han registrado impactos negativos en el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente durante el gobierno de Rafael Correa, cuando periodistas y ciudadanos fueron judicializados por emitir opiniones críticas. Entre los casos más emblemáticos se menciona el del Diario EL UNIVERSO (2011), en el que se impusieron sanciones penales y económicas por una columna de opinión.
Observaciones de expertos en derechos humanos
La propuesta ha generado reacciones entre juristas especializados. María Dolores Miño advirtió que el uso del derecho penal para sancionar críticas a funcionarios públicos es contrario a los estándares internacionales. Por su parte, Romel Jurado cuestionó la redacción del artículo 396, señalando que conceptos como “descrédito” o “deshonra” son ambiguos y permiten interpretaciones subjetivas por parte de los juzgadores.
El proyecto deberá ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y, de ser calificado, pasará a una comisión especializada para su tratamiento legislativo.
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