La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cinco personas por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, tras un operativo policial ejecutado la mañana del 14 de enero en la ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil. El procedimiento se desarrolló luego de una alerta ciudadana, que permitió a las autoridades intervenir un inmueble presuntamente utilizado por una empresa de seguridad privada actualmente bajo investigación.
Durante el allanamiento, los agentes constataron que el lugar no contaba con rótulos ni distintivos visibles, y ninguna de las personas aprehendidas pudo acreditar representación legal ni presentar documentación que respalde la tenencia de armas. Esta falta de respaldo legal fue determinante para el inicio del proceso penal.
Arsenal incautado y evidencias
En el operativo se incautaron 201 armas de fuego, entre ellas 81 fusiles, 71 pistolas, 41 revólveres y 8 escopetas, lo que evidencia un acopio de alto poder letal. Según la Policía Nacional, varias de estas armas presentaban irregularidades en su numeración, con series borradas o alteradas, impidiendo identificar su origen con precisión.
Además del armamento, se decomisaron cinco teléfonos celulares, tres computadoras portátiles y un CPU, todos ingresados bajo cadena de custodia para análisis pericial. Estos dispositivos serán clave para establecer posibles vínculos, contratos irregulares y movimientos internos relacionados con la presunta red de tráfico de armas.
Vínculo con alias ‘Marino’
La investigación apunta a una empresa de seguridad privada que tuvo como accionista mayoritario y presidente, entre 2022 y 2024, a alias ‘Marino’, quien fue asesinado el pasado 8 de enero en una urbanización de isla Mocolí. Aunque se presume que el implicado habría vendido sus acciones, las autoridades investigan si mantuvo algún tipo de relación indirecta con la compañía tras esa transacción.
Medidas judiciales
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva para cuatro de los procesados, quienes fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral. En el caso de la quinta implicada, se ordenó arresto domiciliario tras la presentación de certificados médicos que acreditan una cirugía reciente. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, tiempo en el que se profundizarán las investigaciones sobre el origen del armamento y la responsabilidad de los involucrados.
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