La audiencia de vinculación a la instrucción fiscal dentro del proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio fue diferida oficialmente para el 28 de enero de 2026, según resolución emitida por la Unidad Judicial Penal de Iñaquito. La diligencia estaba prevista inicialmente para el viernes 26 de diciembre, pero fue reprogramada por decisión del juez Giovanny Freire Coloma, quien expuso razones vinculadas a la organización jurisdiccional y a la complejidad del caso.
El magistrado señaló que el proceso penal en curso reviste una alta complejidad, al tratarse de un delito de asesinato con múltiples investigados y una estructura criminal amplia. En esta audiencia, la Fiscalía tiene previsto solicitar la vinculación de nueve personas, entre ellas Wilmer Chavarría, conocido como alias “Pipo”; su hijastro Esteban Aguilar, alias “Esteban”; y Luis Arboleda, alias “Gordo Luis”, nombres que han sido señalados dentro de la investigación por su presunta participación en los hechos.
En su providencia, el juez Freire Coloma explicó que la reprogramación responde también a una sobrecarga funcional extraordinaria y a su condición de encargado temporal del despacho, además de estar a cargo de un despacho adicional. Esta situación, indicó, incide directamente en la planificación de audiencias que demandan un tratamiento especializado y tiempos adecuados para su correcta ejecución.
El magistrado enfatizó que las audiencias de vinculación no son actos meramente formales, sino diligencias que requieren una preparación exhaustiva para garantizar principios fundamentales como el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y el debido proceso. Bajo este criterio, consideró indispensable contar con condiciones óptimas que permitan a las partes procesales ejercer plenamente sus derechos y presentar sus argumentos.
La decisión de diferir la audiencia ha generado expectativa en la opinión pública, dado el impacto político, social y judicial del caso Villavicencio, considerado uno de los más relevantes del país en los últimos años. Con la nueva fecha establecida, se espera que el proceso avance con mayor orden y solidez jurídica, en una causa que continúa siendo prioritaria dentro del sistema de justicia ecuatoriano.
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