La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) expresó su respaldo al informe aprobado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional sobre el caso Progen, reafirmando una postura política firme frente a las críticas de la oposición. El pronunciamiento oficialista se sintetiza en un mensaje claro: “Caiga quien caiga, la ley se cumple”, una consigna que, según ADN, define el accionar del actual Gobierno en materia de fiscalización y defensa de los recursos públicos.
Desde el oficialismo se defendió el proceso legislativo que derivó en la aprobación del informe, rechazando las acusaciones de encubrimiento o falta de profundidad. Para ADN, el documento recoge hechos verificables que evidencian incumplimientos contractuales de las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM) en los proyectos de generación eléctrica desarrollados en El Salitral, Quevedo y Esmeraldas, considerados estratégicos para el sistema energético nacional.
La asambleísta Mishel Mancheno sostuvo que la fiscalización no debe ser interpretada como una persecución política, sino como una obligación del Estado. “La fiscalización no es persecución; es cumplir con el país”, señaló, al insistir en que no existen cálculos políticos detrás del informe y que el objetivo principal es proteger los recursos del Estado y garantizar la transparencia en la contratación pública.
ADN también destacó que el Ejecutivo actuó de manera oportuna frente al caso Progen. Entre las acciones adoptadas se mencionan la solicitud de auditorías a la Contraloría General del Estado, la terminación de los contratos, la ejecución de garantías y el traslado del conflicto a instancias de justicia internacional, como parte de la estrategia para salvaguardar los intereses del país.
El informe fue aprobado la noche del viernes 19 de diciembre sin establecer responsabilidades políticas para autoridades públicas, al concluir que no se configuraron actos u omisiones imputables que constituyan incumplimiento de funciones, conforme al artículo 131 de la Constitución. No obstante, se recuerda que la Contraloría ya determinó responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, mientras que la Fiscalía General del Estado mantiene investigaciones en curso.
La votación reflejó divisiones políticas en la Asamblea. ADN y un aliado respaldaron el informe, la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra y anunció un informe de minoría, mientras que el PSC se abstuvo. El documento será remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su conocimiento y debate.
Deja una respuesta