La consulta popular y referéndum 2025 llega en un momento de notable tensión en el sistema penitenciario ecuatoriano. Tras solo siete meses desde las últimas elecciones presidenciales, el país vuelve a las urnas mientras enfrenta un crecimiento acelerado de la población carcelaria sin sentencia ejecutoriada. Este incremento del 64 % en privados de libertad habilitados para votar revela una crisis estructural que combina hacinamiento, violencia, disputas criminales y retos institucionales.
Aumento del 64 % en Privados de Libertad Sin Sentencia: Un Indicador Alarma Nacional
Entre abril y noviembre de 2025, el número de personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada habilitadas para votar pasó de 5 519 a 9 078, lo que significa un aumento de 3 559 reos en apenas siete meses. Este dato, proporcionado por el Consejo Nacional Electoral, evidencia una tendencia preocupante: el Ecuador continúa registrando detenciones sin resolver sus procesos judiciales a tiempo.
Estas personas están distribuidas en 41 centros carcelarios de 20 provincias, lo que refleja el alcance nacional de esta problemática. Sin embargo, debido a los recientes hechos de violencia, 436 reos de la cárcel de Machala no pudieron votar, reduciendo el número final de habilitados a 8 642.
Violencia en la Cárcel de Machala: 31 Muertos en Incidentes Previos al Voto
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que la suspensión del voto en el centro penitenciario de Machala se debió a motivos estrictamente relacionados con seguridad. Los hechos que antecedieron esta decisión fueron estremecedores: en la madrugada del 9 de noviembre, se reportaron cuatro fallecidos y más de 30 heridos debido a enfrentamientos internos.
Horas después, otros 27 privados de libertad murieron por asfixia, en un incidente que, según autoridades policiales, estaría relacionado con la disputa entre los grupos Los Lobos y los Saobox. Este episodio, uno de los más graves del 2025, subraya la fragilidad del sistema penitenciario ante la penetración del crimen organizado.
Operativo Nacional: 3 900 Policías y Militares para Garantizar el Voto Penitenciario
Para asegurar la jornada electoral anticipada, el CNE, el SNAI y las Fuerzas Armadas desplegaron más de 3 900 efectivos militares y policiales a nivel nacional. El director del SNAI, Mauricio Mayorga, afirmó que este operativo demuestra que “los derechos no se suspenden”, incluso en contextos de alta peligrosidad.
A pesar de todos los esfuerzos, la participación fue mínima: de los 8 642 privados de libertad habilitados, únicamente 1 032 ejercieron su derecho al voto, lo que representa apenas un 12 % de participación.
Custodia de los Votos y Proceso de Escrutinio
El CNE anunció que los votos permanecerán resguardados por las Fuerzas Armadas en las bodegas de las Delegaciones Provinciales hasta el domingo 16 de noviembre, día en que iniciará oficialmente el escrutinio a partir de las 17:00.
Este proceso contará con la presencia de:
- organizaciones políticas
- observadores nacionales e internacionales
- delegados sociales
- medios de comunicación
Esto garantiza transparencia y control en un proceso electoral extremadamente sensible.
Guayas, Pichincha y Esmeraldas: Provincias con Más Reos Habilitados
El crecimiento de privados de libertad sin sentencia es especialmente visible en tres provincias:
- Guayas: 4 252 reos sin sentencia habilitados
- Pichincha: 664
- Esmeraldas: 647
Guayas concentra casi la mitad de toda la población penitenciaria apta para votar, lo que revela el impacto directo de las operaciones militares y policiales desplegadas desde 2024 bajo el conflicto armado interno.
Hacinamiento del 30,37 % Pone en Riesgo la Gobernabilidad Penitenciaria
Tras la declaratoria de conflicto armado interno en 2024, el número de incursiones militares y policiales aumentó significativamente. Solo en las últimas semanas se realizaron dos megaoperativos con casi 30 detenidos, y durante el último feriado se ejecutaron 6 000 operativos que dejaron 600 aprehendidos.
Este incremento acelerado de detenciones se refleja en la población carcelaria:
- Abril 2025: 34 748 reos
- Septiembre 2025: 36 616 reos
A pesar de la reciente habilitación de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, el hacinamiento continúa en un preocupante 30,37 %, según el SNAI. Esto convierte a la sobrepoblación carcelaria en uno de los principales detonantes de violencia e ingobernabilidad.
La Cárcel del Encuentro: Traslado de 300 Reos sin Sentencia
La nueva Cárcel del Encuentro, habilitada para descongestionar otros centros, recibió recientemente a 300 privados de libertad, muchos de ellos señalados como líderes peligrosos de grupos criminales.
Sin embargo, investigaciones independientes revelan que algunos de estos detenidos no tienen sentencia ejecutoriada, lo que cuestiona la transparencia del proceso de selección.
Casos emblemáticos:
Alias Patucho Celso (Los Choneros)
- Capturado en septiembre de 2025
- Procesado por tenencia de armas
- Su proceso está en etapa preparatoria de juicio
- Es identificado como “cabecilla invisible” del grupo Los Choneros
Alias Fede (Los Águilas)
- Capturado en enero de 2025 por tráfico de drogas
- Se fugó en junio de 2025 de la Penitenciaría del Litoral
- Recapturado en octubre en Colombia
- Juicio retomará el 26 de noviembre
- Proceso por evasión aún en etapa preparatoria
Estos casos evidencian que la prisión preventiva sigue utilizándose de manera masiva, incluso sin sentencias firmes, contribuyendo al colapso del sistema penitenciario.
Derecho al Voto de Personas sin Sentencia: Marco Legal
Con base en:
- Artículo 62 de la Constitución, y
- Artículo 11 del Código de la Democracia,
los privados de libertad sin sentencia ejecutoriada conservan plenamente su derecho al sufragio.
Para esta consulta popular, las autoridades habilitaron urnas en 41 centros penitenciarios, aunque no se especificó si la Cárcel del Encuentro estuvo incluida formalmente en esta jornada anticipada.
Un Sistema en Crisis que Se Refleja en las Urnas
El crecimiento acelerado de privados de libertad sin sentencia no solo afecta la estadística penitenciaria: también impacta el proceso democrático. La falta de agilidad judicial, la violencia carcelaria, la influencia del crimen organizado y el hacinamiento marcan un escenario tenso y complejo para el país en vísperas de la consulta popular 2025.
Mientras Ecuador intenta fortalecer la institucionalidad, las cárceles se han convertido en un termómetro del caos social y político que enfrenta la nación. La baja participación electoral de esta población es un reflejo directo de un sistema que requiere reformas profundas, inmediatas y estructurales.
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