El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en varias provincias de Ecuador, con el fin de enfrentar la creciente ola de violencia generada por grupos criminales organizados. La medida busca restablecer el orden y proteger a la población tras una serie de hechos violentos registrados durante octubre.
Provincias y duración del decreto
El decreto abarca las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). La medida estará vigente durante 60 días, conforme a lo establecido en la Constitución, por grave conmoción interna.
Según el Gobierno, estas zonas han sido epicentro de ataques armados, extorsiones, secuestros y asesinatos relacionados con bandas delictivas. La declaratoria busca fortalecer la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que trabajarán de forma coordinada para controlar la situación.
Restricciones y derechos suspendidos
El decreto incluye la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, lo que permite a las fuerzas del orden realizar allanamientos e inspecciones sin orden judicial previa cuando existan sospechas de actividades criminales.
También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia, permitiendo la revisión de mensajes, correos electrónicos y comunicaciones relacionadas con delitos o con miembros de organizaciones criminales. Estas acciones contarán con la cooperación de operadoras, instituciones públicas y privadas para obtener información útil en las investigaciones.
Sin toque de queda
Una de las principales aclaraciones del decreto es que no habrá toque de queda. Los ciudadanos podrán continuar con sus actividades diarias dentro de los horarios normales, aunque se reforzará la presencia militar y policial en calles, carreteras, terminales y zonas estratégicas de las provincias afectadas.
El Gobierno explicó que busca mantener la normalidad económica y laboral, evitando paralizar el comercio o el transporte, especialmente en ciudades como Guayaquil, Manta, Portoviejo y Machala, donde se han registrado los mayores incidentes violentos.
Motivos y contexto
El Ejecutivo sostiene que los hechos violentos no corresponden a delincuencia común, sino a una amenaza estructurada por el crimen organizado. Por ello, el decreto se justifica como una respuesta inmediata para proteger la seguridad nacional y la integridad ciudadana.
Durante los próximos dos meses, las autoridades ejecutarán operativos focalizados para desarticular bandas, recuperar el control de las calles y restablecer la paz en las zonas más afectadas. Noboa reafirmó su compromiso con una política firme contra la delincuencia, enfatizando que la prioridad del Gobierno es garantizar la vida y tranquilidad de los ecuatorianos.
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