El presidente Daniel Noboa ha abierto un debate nacional al revelar los primeros rasgos de lo que sería su idea de una nueva Constitución del Ecuador, una propuesta que se activaría en caso de que el “Sí” triunfe en la consulta popular del próximo 16 de noviembre de 2025, convocada para decidir si se instala una Asamblea Constituyente. Aunque aún no existe un texto oficial, el mandatario ha delineado varios principios y transformaciones estructurales que marcarían una nueva etapa en la organización del Estado ecuatoriano.
Una Constitución más breve, clara y ciudadana
Noboa ha sido enfático en que su propuesta busca una Constitución “sencilla, eficiente y sin contradicciones”, con un límite de 180 artículos, frente a los más de 440 que tiene la actual Carta Magna aprobada en 2008. Según sus declaraciones, el objetivo es eliminar redundancias legales, simplificar los códigos normativos y garantizar que el ciudadano pueda comprender e interpretar fácilmente sus derechos y deberes.
“Queremos una Constitución que proteja los derechos del ciudadano, respete los derechos de la naturaleza, pero sobre todo, que ponga al ser humano primero”, afirmó el mandatario en una reciente entrevista.
El proyecto apunta a que la nueva Constitución sea un documento práctico, enfocado en resultados y no en la acumulación de artículos o principios de difícil aplicación. Noboa ha insistido en que la ciudadanía debe ser el centro de toda la estructura del Estado, lo cual se traduce en una administración pública más ágil, menos burocrática y con mayor rendición de cuentas.
Reformas estructurales para el IESS y el sistema de salud
Uno de los ejes más discutidos de su propuesta es la transformación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Noboa ha señalado que el IESS dejaría de ser un prestador directo de servicios de salud, competencia que pasaría al Ministerio de Salud Pública (MSP). El objetivo sería evitar duplicidades, reducir gastos y mejorar la eficiencia del sistema sanitario.
“El Seguro Social es una caja, y debería mantenerse como tal, administrándose de forma eficiente y sin distraer recursos en la gestión médica”, puntualizó Noboa.
Con esta reforma, se busca garantizar la sostenibilidad financiera del IESS y asegurar que los aportes de los afiliados se destinen principalmente a pensiones, prestaciones y manejo de fondos, mientras el MSP asume de forma plena la atención médica pública.
Aunque el presidente ha subrayado que “no se tocarán los derechos del ciudadano”, esta posible reestructuración genera debate entre expertos en seguridad social y salud pública, quienes consideran que la coordinación entre ambas instituciones será clave para evitar vacíos en la cobertura.
La eliminación de la Corte Constitucional y creación de una sala dentro de la CNJ
Otro de los cambios más profundos que plantea Noboa es la eliminación de la Corte Constitucional (CC) como órgano independiente. En su lugar, propone crear una Sala Constitucional dentro de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la cual asumiría las funciones de control de constitucionalidad, interpretación jurídica y resolución de conflictos normativos.
El presidente ha justificado esta medida bajo el argumento de que la actual Corte Constitucional ha concentrado demasiado poder, al punto de convertirse en un actor político más que en un ente técnico de control. Con esta modificación, se buscaría un sistema judicial más integrado, transparente y sometido a los mismos mecanismos de evaluación que el resto del poder judicial.
Esta propuesta generaría un cambio profundo en la estructura del Estado ecuatoriano, redefiniendo el equilibrio de poderes y la forma en que se interpretan los derechos y normas fundamentales.
Nueva relación con la inversión extranjera y el arbitraje internacional
En su visión de un nuevo Ecuador, Noboa considera esencial atraer inversión extranjera directa y garantizar seguridad jurídica a los inversionistas. Por ello, ha mencionado que su equipo analiza reformas al sistema de arbitraje internacional, para fortalecer los mecanismos de resolución de disputas y evitar que el país sea percibido como un destino riesgoso para el capital foráneo.
“El Ecuador necesita un código penal y un sistema de justicia que tenga sentido con la realidad económica y social del país”, ha expresado el mandatario.
Asimismo, se plantea una nueva política de manejo de bienes incautados al narcotráfico y al terrorismo, destinándolos a proyectos sociales y de desarrollo comunitario, una medida que apunta a convertir los recursos del crimen en oportunidades para la sociedad.
Posible reconfiguración del modelo de Estado
Daniel Noboa no ha descartado la posibilidad de modificar el modelo de Estado. Si bien ha rechazado un sistema federal, ha indicado que se podrían otorgar autonomías y competencias específicas a gobiernos locales y regionales, bajo reglamentos estrictos de control y rendición de cuentas.
Esta descentralización regulada permitiría una mejor distribución de recursos y una gestión territorial más eficiente, sin alterar la unidad del Estado ecuatoriano.
En cuanto al poder legislativo, Noboa ha descartado un sistema bicameral, manteniendo una sola Asamblea Nacional, aunque ha sugerido una reforma al sistema de designación de autoridades. Bajo su planteamiento, el Parlamento podría nombrar a los titulares de instituciones del Estado, a partir de ternas propuestas por las propias entidades, consolidando así una confirmación de poderes más transparente y meritocrática.
Límites a la reelección y control político
Otro aspecto clave que Noboa ha defendido es mantener el límite de la reelección presidencial en un máximo de ocho años, equivalente a dos periodos consecutivos. El mandatario considera que la alternancia en el poder es esencial para la salud democrática del país, evitando la concentración de poder y promoviendo la renovación política.
Además, ha destacado la necesidad de establecer mecanismos más estrictos de control político y fiscalización, tanto para el Ejecutivo como para la Asamblea, con el fin de fortalecer la independencia de los poderes y prevenir abusos o pactos de impunidad.
Un proceso condicionado al resultado de la consulta popular
Todas estas ideas dependen del resultado de la consulta popular del 16 de noviembre, donde el país decidirá si se instala una Asamblea Constituyente. Noboa ha reconocido que este será el primer paso antes de cualquier debate formal sobre el nuevo texto constitucional.
“Primero hay que ganar la consulta. Hay que ponerse las medias antes de ponerse los zapatos. Ver si la gente desea reformar la Constitución”, dijo en entrevista con Radio Centro.
Si el “Sí” gana, el país entrará en una etapa de debate constituyente, donde los asambleístas electos deberán desarrollar el contenido final de la nueva carta magna. Noboa ha anticipado que su visión servirá de guía, pero el proceso será democrático y abierto al aporte de diversos sectores.
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