La madrugada y mañana de este miércoles 22 de octubre, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado realizaron una serie de allanamientos en las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, en el marco de una investigación por presunta corrupción y vínculos con la banda delictiva Chone Killer.
Seis detenidos y documentos falsificados
Tras cuatro meses de indagaciones, las autoridades intervinieron en las instalaciones de la ATM, la Unidad Judicial Florida y varios domicilios particulares. Como resultado, fueron detenidas seis personas, entre ellas la procuradora de la institución, dos agentes, dos exabogados y un individuo que fingía ser abogado para realizar trámites ilegales.
Durante los operativos se incautaron documentos falsificados, especialmente matrículas adulteradas, y equipos electrónicos que habrían sido usados para alterar registros oficiales. Según la investigación, los implicados cobraban entre 5.000 y 7.000 dólares por modificar documentos o evitar sanciones judiciales.
Delitos bajo investigación
La Fiscalía indaga una lista de delitos que incluye asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, usurpación de funciones, intimidación, evasión e incumplimiento de autoridad competente.
Las evidencias apuntan a que los funcionarios implicados ofrecían favores ilegales a conductores detenidos, conectándolos con el falso abogado para obtener “soluciones” rápidas a cambio de dinero.
El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que la red también mantenía vínculos con el grupo delictivo Chone Killer, el cual habría utilizado a los funcionarios de la ATM para alterar procesos judiciales y liberar detenidos con documentación fraudulenta.
“Lo más preocupante es que todo esto estaba en asociación con el grupo delictivo organizado de los Chone Killer”, afirmó Reimberg.
Nuevas investigaciones y control institucional
El ministro anunció que se investigarán posibles casos similares en otras agencias de tránsito del país. Además, se descubrió que un juez permitió la liberación irregular de un detenido mediante documentos falsos elaborados por los ahora procesados.
Ante esta situación, el Gobierno ordenó reforzar los mecanismos de control interno en las instituciones municipales y reiteró que no se tolerarán actos de corrupción.
Reimberg señaló que este caso demuestra la infiltración del crimen organizado en entidades públicas, lo que pone en duda la capacidad de gestión de algunos municipios.
“Los municipios no tienen la capacidad de manejo, y el crimen organizado se ha infiltrado en sus estructuras”, declaró el ministro.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía y podrían enfrentar penas severas si se comprueban los delitos. El caso continúa bajo investigación, mientras el Gobierno busca depurar las instituciones y restaurar la confianza ciudadana.
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