La ministra del Ambiente, Inés Manzano, confirmó que el Gobierno ecuatoriano se encuentra preparando nueva información para reforzar la investigación fiscal sobre el presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa, ocurrido el pasado 7 de octubre en el cantón El Tambo, provincia del Cañar.
Según la funcionaria, el Ejecutivo presentó la denuncia apenas dos horas después del ataque a la caravana presidencial, acción que ya se encuentra en proceso dentro del sistema judicial ecuatoriano. “Estamos esperando el reconocimiento de la firma en la denuncia para entregar más información”, detalló Manzano, al recalcar que el caso debe avanzar con transparencia y rigor.
El ataque a la caravana presidencial en Cañar
El 7 de octubre de 2025, la caravana en la que se desplazaba el presidente Daniel Noboa fue objeto de un ataque violento en El Tambo, cuando varios individuos lanzaron piedras, palos, lanzas y otros objetos contundentes contra los vehículos oficiales.
De acuerdo con el testimonio de la ministra Manzano, el ataque fue de tal magnitud que el Gobierno lo calificó como una tentativa de asesinato, ya que la agresión pudo haber puesto en peligro la vida del primer mandatario y de su equipo de seguridad.
La denuncia inicial fue presentada por la Secretaría de Comunicación, con la asistencia legal de Manzano, quien firmó el documento en calidad de abogada. “Para nosotros, si lanzas piedras o proyectiles contra el presidente, eso constituye una tentativa de asesinato”, afirmó la ministra durante una entrevista en TC Televisión.
Actuación inmediata del Gobierno tras el atentado
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en coordinación con la Secretaría de Comunicación, redactó la denuncia formal apenas horas después del ataque. La ministra explicó que su cartera brindó apoyo jurídico y técnico para garantizar que la acusación sea sólida y cumpla con los requisitos legales.
Además, Manzano reiteró que el Gobierno no permitirá que este hecho quede en la impunidad, y que la Fiscalía General del Estado debe continuar con el proceso hasta esclarecer quiénes fueron los responsables directos e indirectos del atentado.
“La justicia debe actuar con independencia, pero también con contundencia. No podemos normalizar la violencia contra la institucionalidad del Estado”, subrayó la ministra.
Fiscalía continúa la investigación pese a fallo judicial
Aunque el 8 de octubre la jueza penal de Azogues, Érika Álvarez, resolvió que fue ilegal la aprehensión de cinco sospechosos vinculados al ataque, la Fiscalía no cerrará el caso.
La decisión judicial benefició a María Ana Ch. Q., Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G., quienes habían sido detenidos el día anterior, luego del ataque.
La fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad y Orden Público (Unidot), Martha Villamarín Paredes, manifestó que la decisión de la jueza impidió la activación del órgano jurisdiccional, pero enfatizó que la investigación previa continuará.
“El objetivo es evitar que este caso quede en la impunidad, y que se determinen las responsabilidades penales correspondientes”, sostuvo la fiscal.
Las razones detrás de la liberación de los sospechosos
Durante la audiencia, la jueza Álvarez argumentó que la detención de los cinco ciudadanos fue ilegal porque no se cumplieron con los protocolos de aprehensión establecidos en la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Entre las irregularidades mencionadas se encuentran:
- No se les leyeron sus derechos constitucionales en el momento de la detención.
- Fueron incomunicados de sus abogados y familiares por varias horas.
- No existió flagrancia comprobada en algunos de los casos.
Por estas razones, la magistrada ordenó la inmediata liberación de los detenidos, disponiendo además que se emitan las respectivas boletas de excarcelación.
A pesar del fallo, la Fiscalía aclaró que no se descarta la existencia de más implicados y que el proceso seguirá en fase de investigación previa para recopilar más pruebas, videos, testimonios y peritajes balísticos.
La postura del Gobierno frente a la decisión judicial
Desde el Ejecutivo, la ministra Manzano expresó su respeto por la independencia de poderes, aunque recalcó que el Gobierno espera coherencia en las decisiones judiciales cuando se trata de proteger la integridad del presidente y del Estado ecuatoriano.
“Nosotros actuamos dentro del marco legal y con celeridad. Ahora corresponde a la justicia determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del ataque”, señaló.
Asimismo, aclaró que el Ministerio del Ambiente no es parte acusadora, sino colaborador técnico-jurídico del proceso impulsado por la Secretaría de Comunicación. No obstante, enfatizó que se entregarán nuevas pruebas y registros documentales que respalden la denuncia inicial.
Deja una respuesta