El reciente pronunciamiento del ministro del Interior, John Reimberg, ha generado un fuerte debate nacional. El funcionario calificó como una “traición de la justicia” la decisión de la jueza penal de Azogues, Érika Álvarez, quien ordenó la liberación inmediata de cinco personas detenidas tras el ataque a la caravana presidencial ocurrido el 7 de octubre de 2025 en la provincia del Cañar.
Según Reimberg, esta resolución refleja una crisis en la administración de justicia ecuatoriana, que estaría favoreciendo la impunidad y debilitando el trabajo del Gobierno en su lucha contra el crimen y la violencia que amenaza al país.
El ataque en El Tambo: un atentado contra el presidente Noboa
El hecho que originó la controversia tuvo lugar en el cantón El Tambo, cuando un grupo de personas atacó con piedras y palos la caravana presidencial en la que se desplazaba el presidente Daniel Noboa. El incidente fue considerado por el Ejecutivo como un atentado directo contra la seguridad del Jefe de Estado, lo que motivó la detención de cinco presuntos responsables.
Los detenidos fueron identificados como María Ana Ch. Q., Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G.. Cuatro de ellos fueron trasladados a la Cárcel de Azogues N.º 2, mientras que la única mujer del grupo fue recluida en el Centro de Detención de Mujeres de Cuenca.
La ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por tentativa de asesinato contra el presidente Noboa, subrayando la gravedad de los hechos y la necesidad de una investigación exhaustiva.
Resolución judicial que desató la polémica
Durante la audiencia de flagrancia, la jueza Érika Álvarez escuchó los argumentos de la fiscal Martha Villamarín Paredes y de los abogados defensores de los cinco procesados. Al finalizar la diligencia, Álvarez resolvió que la detención fue ilegal y ordenó la liberación inmediata de los involucrados.
Esta decisión impidió que la Fiscalía formulara cargos por los delitos de ataque o resistencia, establecidos en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y daño a bien ajeno, tipificado en el artículo 204, numeral 1.
Para el Gobierno Nacional, esta resolución representa un duro golpe institucional, pues envía —según palabras del ministro— un mensaje equivocado a la ciudadanía y a los grupos que intentan desestabilizar la seguridad del país.
John Reimberg: “Esto es una traición de la justicia”
En declaraciones a FM Mundo, el ministro Reimberg expresó su indignación ante el fallo judicial.
“Lo que está pasando y que no es nada nuevo es una traición por parte de la justicia y una irresponsabilidad en la toma de decisiones. Nos estamos dando cuenta de que se está favoreciendo a la delincuencia, porque lo que se cometió fue un acto de violencia, un atentado contra el presidente”, afirmó.
Reimberg aseguró que los videos y las pruebas recabadas durante el operativo demuestran con claridad la agresión que sufrió la caravana presidencial. Por ello, sostuvo que la investigación no se detendrá, independientemente del fallo emitido por la jueza.
El Gobierno insiste en mantener firme la narrativa de seguridad
Pese a la resolución judicial, el ministro del Interior señaló que la posición del Gobierno de Daniel Noboa no se verá debilitada.
Según el funcionario, los hechos son irrefutables y se sostienen sobre evidencias audiovisuales que muestran la violencia con la que fue atacado el convoy presidencial.
“Esto no desarma nuestra narrativa ni nuestra verdad. El país vio los videos. Lo que ocurrió fue un atentado y no vamos a permitir que quede impune”, enfatizó Reimberg.
Asimismo, insistió en que el Ejecutivo continuará trabajando en fortalecer el sistema de seguridad, mientras hace un llamado a las instituciones judiciales a actuar con responsabilidad y coherencia frente a hechos de esta magnitud.
Un conflicto que reaviva el debate sobre la independencia judicial
El caso ha reavivado el debate sobre la independencia y eficacia de la justicia ecuatoriana. Mientras sectores afines al Gobierno consideran que la resolución de la jueza Álvarez debilita la autoridad del Estado, otros juristas argumentan que el respeto al debido proceso y los derechos de los detenidos son pilares esenciales del Estado de derecho.
Sin embargo, la tensión entre ambos poderes —Ejecutivo y Judicial— se ha agudizado, pues el Gobierno ha expresado su frustración ante lo que considera decisiones que obstaculizan la lucha contra la delincuencia organizada.
Reimberg recalcó que el Ministerio del Interior no descansará hasta que se determine quiénes están detrás del ataque y si hubo motivaciones políticas o criminales detrás del acto violento.
Investigaciones en curso y reacciones políticas
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación previa para esclarecer los hechos. Según fuentes oficiales, se están analizando grabaciones, testimonios y reportes periciales que podrían conducir a nuevas detenciones.
Desde la Asamblea Nacional, algunos legisladores han solicitado que se convoque a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para evaluar las acciones judiciales tomadas en el caso. Paralelamente, sectores ciudadanos y organizaciones sociales han expresado su preocupación por lo que consideran un peligroso precedente judicial.
El ministro Reimberg ha insistido en que el Gobierno mantendrá su política de “mano firme” contra la violencia y que se exigirá a las instituciones judiciales actuar con transparencia, independencia y compromiso con la seguridad nacional.
Deja una respuesta