La Fiscalía General del Estado de Ecuador anunció la formulación de cargos por ataque o resistencia y daño a bien ajeno contra cinco personas detenidas tras el violento incidente ocurrido en el cantón El Tambo, provincia de Cañar, durante el recorrido de la caravana presidencial de Daniel Noboa el pasado martes 7 de octubre de 2025. Los involucrados son María Ana Ch. Q., Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G., quienes fueron aprehendidos en flagrancia, según el parte policial.
La audiencia de formulación de cargos estará a cargo de la jueza Érika Álvarez, del cantón Azogues, quien fue designada por sorteo para conocer la causa. Esta diligencia tiene como objetivo analizar la legalidad de la detención y establecer los delitos por los que se procesará a los implicados. La audiencia fue solicitada el mismo día de los hechos por la agente fiscal de la Unidot N.º 8, Martha Villamarín Paredes, y quedó registrada en el sistema Satje (Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano) el miércoles 9 de octubre.
Ataque violento a la caravana presidencial en Cañar
El ataque ocurrió en la mañana del martes 7 de octubre, cuando la caravana del presidente Noboa se dirigía hacia El Tambo, en Cañar, donde el mandatario tenía previsto inaugurar obras de alcantarillado. Según el parte policial, un grupo de personas arremetió contra los vehículos oficiales lanzando objetos contundentes y causando daños materiales en al menos siete automotores. Entre los perjuicios registrados se encuentran parabrisas rotos, hundimientos en guardafangos y daños en puertas y capós, lo que evidencia la intensidad del ataque.
Tras el suceso, agentes policiales intervinieron rápidamente y lograron detener a los cinco sospechosos en el lugar, alrededor de las 13:30. La Fiscalía General del Estado confirmó que se trató de una acción organizada que puso en riesgo la integridad del presidente y su comitiva.
Cargos por ataque o resistencia y daño a bien ajeno
De acuerdo con la solicitud de la fiscal Villamarín, los implicados serán procesados por los delitos de ataque o resistencia, tipificados en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y por daño a bien ajeno, contemplado en el artículo 204, numeral 1 del mismo cuerpo legal. Ambos delitos se investigan en concurso real de infracciones, una figura penal que se aplica cuando una persona comete varios delitos independientes y autónomos en un mismo contexto.
El concurso real de infracciones, establecido en el artículo 20 del COIP, implica que las penas por los distintos delitos se acumulan, sin que el total exceda los cuarenta años ni el doble de la pena más grave. En este caso, la Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos para determinar que los procesados actuaron en conjunto, ejecutando varias conductas punibles durante el mismo evento.
Fiscalía y autoridades confirman tentativa de atentado
La ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, acudió la tarde del 7 de octubre a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para presentar una denuncia por tentativa de asesinato contra el presidente Daniel Noboa, argumentando que los hechos de El Tambo constituyen un ataque directo contra la seguridad presidencial. Este pronunciamiento se produjo horas después de que los informes policiales revelaran la violencia con la que fue agredida la caravana.
Las autoridades de seguridad del Estado activaron de inmediato los protocolos de protección y refuerzo para la caravana presidencial, y anunciaron la apertura de investigaciones complementarias que permitan identificar a otros posibles involucrados. El Ministerio del Interior informó que se está analizando material de video y testigos del lugar para determinar si hubo instigadores o cómplices.
Situación actual de los procesados
Los cinco detenidos permanecen bajo custodia mientras se desarrolla la audiencia. Según la información remitida por la Fiscalía a la jueza Érika Álvarez, Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G. fueron trasladados al Centro de Privación de Libertad de Varones Azogues N.º 2, mientras que María Ana Ch. Q. fue ingresada en la Unidad de Aseguramiento Temporal del Centro Femenino de Cuenca.
La diligencia judicial está prevista para realizarse de forma mixta (presencial y virtual) desde las 12:30, garantizando la participación de todos los sujetos procesales. La Fiscalía busca obtener medidas cautelares que aseguren la comparecencia de los implicados durante el proceso, además de la reparación de los daños causados al Estado.
Contexto legal y relevancia del caso
El caso ha generado un amplio debate nacional debido a su gravedad y a las posibles implicaciones políticas que conlleva. Los delitos de ataque o resistencia se configuran cuando una persona se enfrenta a la autoridad o impide el cumplimiento de la ley, mientras que el daño a bien ajeno sanciona la destrucción o deterioro de bienes públicos o privados. En el contexto de un ataque a una caravana presidencial, estos actos adquieren un carácter agravado, pues afectan la seguridad de la máxima autoridad del país.
De confirmarse los cargos, los procesados podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión por el delito de ataque o resistencia, y hasta tres años adicionales por daño a bien ajeno, dependiendo de la valoración de los daños y la participación de cada implicado.
Reacciones y medidas de seguridad
El Gobierno Nacional rechazó de manera enérgica el ataque y reafirmó su compromiso con el Estado de Derecho y la aplicación de justicia. En un comunicado, el Ministerio de Comunicación indicó que “ningún acto de violencia puede considerarse una forma de expresión política legítima”. Asimismo, el Ejecutivo destacó la rápida acción de la Policía Nacional, que evitó consecuencias más graves y permitió la detención inmediata de los responsables.
En la zona de El Tambo se reforzaron los controles policiales y militares, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública evalúa la implementación de nuevos protocolos de desplazamiento presidencial, especialmente en provincias donde se han registrado tensiones sociales.
A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025
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