La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur emitió un comunicado el 29 de septiembre en el que instó al Gobierno ecuatoriano y a los movimientos indígenas a establecer un “diálogo urgente” tras los hechos de violencia registrados en distintas provincias durante las recientes jornadas de protesta. La declaración se produjo después de la muerte del comunero kichwa Efraín Fuerez, ocurrida el 28 de septiembre en Cotacachi, Imbabura, un hecho que encendió las alarmas de la comunidad internacional y que, según la ONU, debe ser investigado de manera exhaustiva, transparente e imparcial, garantizando justicia para su familia y su comunidad.
El representante regional de ONU Derechos Humanos, Jan Jarab, recordó que el Estado tiene la obligación de esclarecer las responsabilidades por esta muerte y de garantizar el acceso pleno a la justicia. Además, la organización solicitó investigar los reportes de varias personas heridas en el marco de las manifestaciones, incluidos doce militares. La entidad advirtió que el Estado es responsable tanto de sus acciones como de sus omisiones, y que está obligado a investigar de forma eficaz e imparcial cualquier posible uso ilícito de la fuerza por parte de agentes del orden durante reuniones o protestas.
Uno de los puntos más sensibles señalados por la ONU fue la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las movilizaciones. Según Jarab, los militares no están entrenados para enfrentar conflictos sociales ni tareas de seguridad pública, lo que implica un riesgo real de violaciones de derechos humanos. La presencia de efectivos castrenses en escenarios de protesta social ha generado polémica en el país y cuestionamientos de diversas organizaciones que advierten de una peligrosa militarización de la vida civil.
En su declaración, la ONU exhortó al Gobierno ecuatoriano y a las organizaciones sociales e indígenas a sentarse en la mesa del diálogo sin demora. Según Jarab, este paso es indispensable para evitar una mayor escalada de violencia y abrir caminos hacia soluciones sostenibles a los reclamos planteados por la ciudadanía. La agencia de Naciones Unidas reiteró su disposición a acompañar a todos los actores involucrados en el marco de su mandato global de promoción y defensa de los derechos humanos.
Las protestas iniciaron el 23 de septiembre, convocadas principalmente por movimientos indígenas y sindicatos, en rechazo al incremento del precio del diésel y otras medidas económicas adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa. Estas manifestaciones se han replicado en distintas regiones del país con marchas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden. El malestar social radica en que el aumento de los combustibles genera un efecto en cadena que encarece el transporte, los alimentos y productos básicos, afectando de manera directa a los sectores más vulnerables.
La ONU enfatizó que la respuesta estatal debe priorizar siempre la protección de la vida y la integridad de las personas. Señaló que cualquier uso de la fuerza debe ser proporcional, necesario y excepcional, y nunca convertirse en una herramienta de represión contra quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica. Asimismo, instó a que se garantice justicia para las víctimas y se implementen mecanismos de reparación.
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos en Ecuador respaldaron el pronunciamiento de la ONU, al tiempo que denunciaron abusos cometidos contra comunidades movilizadas. A nivel internacional, la declaración también fue recibida como una señal de alerta frente a la posibilidad de un agravamiento de la situación. Distintos organismos y ONGs manifestaron su disposición a acompañar los procesos de mediación y a velar por que se respeten los derechos de los pueblos y comunidades.
La crisis actual refleja problemas estructurales que Ecuador enfrenta desde hace décadas, como la exclusión social, la desigualdad económica y la falta de inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Para la ONU, el camino hacia la estabilidad pasa por la construcción de un diálogo genuino, inclusivo y con garantías de cumplimiento. Solo así será posible alcanzar acuerdos que atiendan las demandas sociales, fortalezcan la democracia y reduzcan los niveles de conflictividad.
El llamado de la ONU representa una oportunidad para frenar la espiral de violencia que amenaza con profundizarse. La responsabilidad ahora recae en el Gobierno, que debe abrir los canales de negociación y garantizar un trato justo a la ciudadanía movilizada, y en las organizaciones sociales, que deberán mantener su compromiso con la protesta pacífica. El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de todas las partes para encontrar puntos de encuentro, priorizar la vida y trabajar en la construcción de un país más justo e inclusivo.
Deja una respuesta