En el norte de Guayaquil, en el sector de Mucho Lote 2, 27 familias viven momentos de incertidumbre y angustia. Todas ellas adquirieron con sacrificio sus viviendas, muchas veces pagando al contado con liquidaciones laborales o jubilaciones, confiando en que con ello aseguraban un hogar propio y estable. Sin embargo, hoy se enfrentan a órdenes de embargo por una deuda que no les corresponde, sino que pertenece a la constructora que levantó el proyecto habitacional.
El testimonio de Raquel refleja la gravedad de la situación. Su madre, tras décadas de trabajo, usó la liquidación de su jubilación para comprar su casa al contado. Hoy, nueve años después, esa vivienda está en peligro de embargo. La familia asegura que jamás fueron advertidos de que el inmueble estaba hipotecado como garantía de un crédito bancario tomado por la constructora. Historias similares se repiten en toda la urbanización. Familias que confiaron en una compra legal ahora sienten que están a punto de perderlo todo.
De acuerdo con los moradores, la constructora hipotecó al menos 27 viviendas como respaldo de una deuda de medio millón de dólares con una entidad bancaria. Lo grave es que, posteriormente, esas mismas casas fueron vendidas al contado a familias que nunca fueron informadas de esta situación. La estafa se destapó cuando los residentes comenzaron a recibir notificaciones de embargo directamente del banco, lo que dejó en evidencia la doble afectación: por un lado, la deuda incumplida de la constructora y, por otro, la vulneración de los derechos de compradores de buena fe.
La mañana del 29 de septiembre, desde muy temprano, los vecinos se organizaron y salieron a protestar con pancartas y consignas frente a la urbanización. La indignación es generalizada. “Es una estafa que me vendan una casa hipotecada sin decírmelo”, reclamó Ana Aspiazu, una de las afectadas que vive junto a su hijo, su nuera y sus nietos. Muchos señalan que, incluso, personal vinculado a la constructora se ha infiltrado en la urbanización haciéndose pasar por visitantes para tomar fotografías de las viviendas que figuran en la orden de ejecución, aumentando la sensación de vulnerabilidad y amenaza.
Desde 2019, los residentes han organizado plantones y reclamos formales ante distintas instituciones. No obstante, la presión ha aumentado en las últimas semanas al conocerse que los procesos de embargo están en marcha. Un abogado contratado por los afectados ya trabaja en la recolección de documentación para presentar una denuncia por daños a terceros y exigir que la responsabilidad recaiga sobre la constructora y no sobre los compradores inocentes. El Municipio de Guayaquil informó que el caso será revisado y que en los próximos días se mantendrán reuniones con los moradores para evaluar medidas que puedan impedir los embargos.
El drama no es únicamente legal o financiero. Se trata de familias que entregaron todos sus ahorros, liquidaciones o jubilaciones para asegurar un patrimonio. “Uno sin plata, ¿a dónde se va a ir? Todo lo que tenía y mi inversión está ahí”, expresó con angustia María José, otra moradora de Mucho Lote 2. Fabricio Sánchez, otro afectado, contó que compró su casa con la liquidación de su trabajo. Hoy, junto a su esposa, viven con la incertidumbre de perderlo todo. La sensación compartida entre los vecinos es de indefensión y de haber sido víctimas de una estafa estructurada.
Uno de los reclamos más fuertes de los moradores es que ni la entidad bancaria ni la constructora les notificaron que las casas estaban hipotecadas. Legalmente, sostienen, ellos compraron de buena fe y con la creencia de estar adquiriendo un bien libre de gravámenes. Este hecho abre un debate más amplio sobre el rol de los bancos en los procesos de compra-venta de bienes inmuebles y sobre los mecanismos de protección a los consumidores para evitar que se repitan situaciones como esta.
Durante el 29 de septiembre, las protestas se extendieron desde las 07:00 hasta casi las 09:00 en las inmediaciones de la ciudadela. Posteriormente, alrededor de las 10:00, los vecinos fueron recibidos por autoridades municipales. Al mediodía, regresaron a la garita de la urbanización para continuar con sus manifestaciones. El mensaje de los afectados es claro: no permitirán que se les arrebate lo que compraron con tanto esfuerzo y exigirán que la constructora responda ante la justicia.
Las 27 familias mantienen la esperanza de que las autoridades actúen a tiempo para frenar los embargos y se establezca un precedente que proteja a los compradores de buena fe. Mientras tanto, viven cada día con la preocupación de que sus hogares puedan ser arrebatados de un momento a otro. El caso de Mucho Lote 2 se convierte así en un símbolo de la lucha ciudadana contra las irregularidades en el sector inmobiliario y la falta de control en los procesos de compra y venta de viviendas.
El derecho a una vivienda digna y segura es uno de los pilares de toda sociedad. Los moradores de Mucho Lote 2 no solo defienden paredes y techos, sino el fruto de su sacrificio, sus recuerdos y el futuro de sus familias. Este caso deja en evidencia la necesidad de reforzar los controles legales y financieros en la compra-venta de inmuebles en Ecuador, garantizando que ningún ciudadano vuelva a pasar por una situación tan injusta. Las familias seguirán en pie de lucha hasta que la justicia prevalezca y se reconozca su derecho como propietarios legítimos.
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