El Gobierno de Daniel Noboa Azín ha impulsado un giro importante en la administración de los recursos públicos mediante el Programa de Redistribución de Recursos, puesto en marcha el 12 de septiembre. El plan redirige los $1.100 millones que antes se destinaban al subsidio al diésel, beneficio que durante años favoreció a mafias y actividades ilícitas, hacia incentivos sociales y productivos con mayor transparencia y efectividad.
De ese total, $10,5 millones se destinaron directamente al sector transporte, con el fin de cubrir costos operativos de las unidades y evitar incrementos en los pasajes. La distribución se realizó en tres segmentos: $5,26 millones para transporte interprovincial (5.248 beneficiarios), $1,75 millones para intraprovincial (2.905 beneficiarios) y $3,49 millones para intracantonal (5.714 beneficiarios). En total, 13.867 transportistas en todo el país recibieron este respaldo.
Además, el programa Nuevo Transporte busca renovar el parque automotor, ofreciendo un bono de hasta $23.000 por chatarrización voluntaria y créditos de BanEcuador al 9% para la compra de nuevas unidades, ya sean taxis, buses, camionetas, camiones o furgonetas.
La distribución provincial refleja que Pichincha lidera con $2,62 millones entregados a 3.436 transportistas, seguida por Guayas con $1,37 millones (1.842 beneficiarios), Manabí con $964.000 (1.252 beneficiarios) e Imbabura con $640.000 (865 beneficiarios). En contraste, provincias como Galápagos y Sucumbíos recibieron montos menores, de $5.000 y $34.000 respectivamente.
Con esta medida, el Gobierno busca no solo garantizar la estabilidad tarifaria y aliviar la economía de los transportistas, sino también fortalecer el sector, apoyar a familias agrícolas y devolver el IVA a hogares de adultos mayores y personas con discapacidad. La iniciativa representa un cambio estructural que fomenta la modernización del transporte, impulsa la equidad territorial y refuerza la confianza en el uso de los recursos públicos.
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