La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) logró consolidar un hito político significativo en la Asamblea Nacional al aprobar, con 78 votos a favor, una resolución de respaldo a la propuesta del presidente Daniel Noboa para convocar a consulta popular con el objetivo de instalar una asamblea constituyente, conforme al Decreto Ejecutivo 153. Este resultado marca un avance importante para el oficialismo después de que un intento previo, basado en el Decreto Ejecutivo 148, no alcanzara los votos necesarios.
Segunda votación y estrategia política de ADN
La semana pasada, la bancada ADN había intentado aprobar un respaldo a la consulta popular, pero la iniciativa no prosperó por la falta de tres votos. Este martes, el legislador Alejandro Lara, representante de ADN, presentó nuevamente la propuesta, esta vez referida al Decreto Ejecutivo 153, logrando el apoyo de 78 legisladores de diferentes bancadas: ADN, exRC, exPSC, Construye, Independientes y tres diputados expulsados de Pachakutik —José Nango, José Nantipia y Edmundo Cerda— que representan a la Amazonía.
El debate parlamentario estuvo marcado por acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición, con enfrentamientos verbales entre ADN y la Revolución Ciudadana (RC), evidenciando la tensión política sobre la iniciativa de una nueva Constitución.
Argumentos del oficialismo: necesidad de una nueva Constitución
Durante la sesión, Alejandro Lara defendió con énfasis la propuesta presidencial, argumentando que la Constitución de 2008 ha sido insuficiente para garantizar seguridad y justicia: “protege más los derechos de los delincuentes que de los ciudadanos”, afirmó. Destacó que una nueva Carta Magna permitirá al Estado enfrentar de manera más efectiva al crimen organizado.
Lara denunció que la actual Constitución, proclamada en Montecristi, había sido presentada como un modelo de derechos y justicia, pero en la práctica se convirtió en un manual de impunidad. Citó como ejemplo la protección prioritaria a personas privadas de libertad, que permitió que mafias y narcotraficantes disfruten de privilegios dentro y fuera de los centros penitenciarios.
Además, criticó la creación del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), describiéndolo como “la fábrica de la corrupción institucionalizada”, que desvió recursos y cargos a fines políticos, debilitando los sistemas de control del Estado.
Historial de corrupción bajo la Constitución de 2008
El legislador oficialista rememoró casos de corrupción emblemáticos durante la vigencia de la Constitución de 2008, incluyendo condenas a expresidentes y vicepresidentes, así como escándalos en Petroecuador, Odebrecht y refinería del Pacífico. Para Lara, estos episodios reflejan que la Carta Magna anterior blindó a delincuentes y corruptos, consolidando estructuras de poder ineficientes y favoreciendo un Estado de derechos con sobornos institucionalizados.
La legisladora Paola Jaramillo, también de ADN, reforzó este argumento al señalar que la Constitución vigente benefició a quienes hoy están prófugos de la justicia y abrió la puerta al autoritarismo y despilfarro, subrayando la necesidad de una asamblea constituyente como única salida para reformar el marco legal del país.
Críticas de la oposición: riesgos y retrocesos en derechos
Por su parte, la bancada de la Revolución Ciudadana expresó fuertes objeciones a la iniciativa. La legisladora Ana Yela sostuvo que la propuesta no busca enfrentar la inseguridad, sino consolidar intereses políticos del gobierno. Afirmó que los crímenes, secuestros y muertes violentas en Ecuador han aumentado desde la llegada del gobierno de ADN.
Yela alertó que la nueva constitución podría precarizar derechos laborales, permitir la tercerización y trabajo por horas, y retroceder en protección ambiental, señalando específicamente la posible apertura a la explotación minera en Quimsacocha. Según la legisladora, estas acciones podrían desmantelar los pesos y contrapesos del Estado establecidos en la Constitución de 2008.
La coordinadora de RC, Viviana Veloz, criticó la creación de distractores políticos por parte del gobierno y recalcó que la Corte Constitucional aún debe evaluar la constitucionalidad de la consulta, tanto en la pregunta como en los estatutos. Recordó que la aprobación del tema en la Asamblea no garantiza la legalidad final del proceso.
Impacto y futuro de la consulta popular
El respaldo de 78 legisladores otorga un impulso político importante para la convocatoria a consulta popular, que permitirá a la ciudadanía decidir sobre la instalación de una asamblea constituyente, tal como establece el artículo 1 de la Constitución. El oficialismo enfatiza que se trata de un mecanismo democrático para redefinir las bases institucionales del Estado y combatir la impunidad.
La discusión revela, además, profundas divisiones políticas entre oficialismo y oposición, reflejando una tensión histórica sobre la protección de derechos, el combate al crimen organizado y la transparencia institucional. La consulta popular podría marcar un cambio estructural en el Ecuador, redefiniendo desde la justicia hasta la regulación laboral y ambiental.
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