Inicio de la investigación fiscal por contrataciones en Celec
La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación previa con respecto a los procesos de contratación efectuados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) durante el estado de emergencia eléctrica que vivió el país en 2024. Esta acción fiscal se produce luego de múltiples cuestionamientos y observaciones realizadas a los contratos adjudicados a empresas privadas para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.
Roberto Luque, quien asumió el cargo de ministro encargado de Energía y Minas entre abril y julio de 2024, anunció el inicio de estas investigaciones a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter). El exfuncionario ha confirmado que entregará su versión sobre los hechos con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de las decisiones adoptadas durante su gestión.
Contratos con Progen y Austral bajo la lupa
Durante los meses de julio y agosto de 2024, Celec EP adjudicó contratos de emergencia a las compañías Progen (de origen estadounidense) y Austral, en medio de la necesidad urgente de incorporar nueva capacidad de generación térmica para mitigar la crisis energética que afectaba a millones de ecuatorianos.
Según el exministro Luque, estas contrataciones respondieron a una situación crítica que requería una reacción inmediata del Estado para garantizar el suministro eléctrico en zonas clave del país. No obstante, los contratos firmados con Progen para la instalación de las centrales termoeléctricas Quevedo y El Salitral han sido objeto de observación por parte de la Contraloría General del Estado.
Informe de Contraloría revela posible perjuicio millonario al Estado
El 21 de julio de 2025, la Contraloría General del Estado emitió un informe de auditoría sobre los contratos adjudicados por Celec a Progen, en el que se determinó un posible perjuicio económico al Estado ecuatoriano por USD 100 millones.
Del total observado, USD 70 millones corresponderían a la central termoeléctrica El Salitral, ubicada en Guayaquil (provincia del Guayas), mientras que los restantes USD 30 millones se atribuyen a la planta de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. El informe señala inconsistencias en los procesos contractuales, posibles sobreprecios y deficiencias en la ejecución técnica de las obras.
Este informe ha sido clave para que la Fiscalía inicie el proceso investigativo, que podría derivar en acciones judiciales contra funcionarios y contratistas involucrados en las adjudicaciones.
Cambio de autoridades durante la crisis eléctrica
La crisis energética que se agudizó durante el primer semestre de 2024 motivó cambios importantes en el Ministerio de Energía. El presidente Daniel Noboa, ante la presión social por los apagones y racionamientos, pidió la renuncia de Andrea Arrobo, quien hasta ese momento lideraba la cartera.
En su lugar, fue designado Roberto Luque como ministro encargado, el 16 de abril de 2024. Durante su breve gestión, Luque impulsó medidas de emergencia para aumentar la capacidad de generación térmica, entre ellas la contratación de las plantas mencionadas.
No obstante, su periodo concluyó el 2 de julio de 2024, fecha en la que fue posesionado el nuevo ministro titular, Antonio Goncalves. Las acciones adoptadas por Luque durante su gestión interina son ahora materia de investigación.
Reacciones del exministro Luque ante la investigación
El exministro Luque ha manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades. En su publicación en X, del 23 de julio de 2025, señaló que acudirá a rendir su versión de los hechos ante la Fiscalía con el fin de que “se esclarezca todo lo actuado en esos momentos de emergencia nacional”.
Luque ha defendido las decisiones tomadas en el contexto de una emergencia energética, indicando que “se actuó con la información técnica disponible y bajo una presión enorme para evitar el colapso del sistema eléctrico nacional”. No obstante, ha reconocido que la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales en cualquier proceso público.
Empresas contratadas: antecedentes y cuestionamientos
Progen: empresa estadounidense en el centro del escándalo
La empresa Progen, contratada para desarrollar las centrales termoeléctricas, ha operado en varios países de América Latina en proyectos de infraestructura energética. Sin embargo, tras la auditoría de la Contraloría ecuatoriana, han surgido cuestionamientos sobre su capacidad operativa, experiencia en la región y condiciones contractuales.
Los informes preliminares indican que los equipos instalados podrían no cumplir con los estándares técnicos exigidos, y que hubo atrasos en los cronogramas de ejecución, lo cual habría afectado directamente el objetivo de mitigar la crisis.
Austral: poca información y contratos en revisión
En el caso de Austral, aún no se ha hecho público un informe técnico completo, pero según fuentes del sector energético, los contratos también están siendo analizados por los órganos de control. Se espera que, en las próximas semanas, la Contraloría y la Fiscalía amplíen el rango de revisión sobre todas las contrataciones realizadas durante el periodo de emergencia.
Implicaciones políticas y sociales del caso
La apertura de la investigación fiscal en torno a las contrataciones de Celec tiene importantes implicaciones políticas, especialmente por tratarse de decisiones adoptadas en un contexto de crisis nacional. La ciudadanía ha mostrado creciente interés por conocer los detalles detrás de estas contrataciones, especialmente en un momento en el que se reclama mayor transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
Organizaciones sociales y gremios del sector energético han solicitado que se determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales, si se comprueba que existió dolo o negligencia en la adjudicación de los contratos.
Perspectivas para el futuro del sistema eléctrico ecuatoriano
A raíz de este escándalo, el gobierno de Daniel Noboa enfrenta el reto de reformar profundamente los mecanismos de contratación pública en el sector energético, asegurando procesos más transparentes, competitivos y fiscalizados.
Asimismo, será necesario revisar el estado actual de las centrales termoeléctricas instaladas, verificar su operatividad real, y definir un plan de largo plazo que priorice las energías renovables y reduzca la dependencia de emergencias térmicas costosas.
Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, informó a la ciudadanía sobre la apertura de una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionada con los procesos de contratación de CELEC durante la emergencia eléctrica.
— Radio Forever (@925forever) July 23, 2025
Reconoció la… pic.twitter.com/WoFjxtmkAH
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