El martes 22 de julio de 2025 marcó un giro judicial trascendental en la vida política y legal del asambleísta Santiago Díaz Asque, quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de violación a una menor de 12 años. La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1, donde la Fiscalía General del Estado presentó un conjunto de 25 elementos de convicción que sustentan su acusación.
Santiago Díaz enfrenta prisión preventiva tras audiencia judicial
Durante la jornada judicial, la jueza a cargo del caso resolvió acoger el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, conforme a lo establecido en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta decisión se fundamentó en los elementos que, según la autoridad judicial, vinculan de manera directa a Santiago Díaz con el hecho investigado.
La audiencia fue suspendida brevemente y luego reinstalada en horas de la tarde, momento en el que la jueza formalizó la medida de prisión preventiva, además de dictar la prohibición de enajenar bienes por parte del procesado. Este tipo de disposiciones cautelares buscan evitar el ocultamiento o desvío de activos durante el desarrollo del proceso penal.
El presunto delito y el contexto procesal
El hecho que da origen al proceso judicial tiene como víctima a una menor de edad, específicamente una niña de 12 años. La acusación, clasificada como delito de violación, constituye uno de los delitos más graves en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, cuya pena puede llegar a más de 20 años de privación de libertad si se comprueba la culpabilidad del acusado.
De acuerdo con la normativa penal vigente, el delito de violación a menores de edad no solo implica un grave atentado contra la integridad sexual y emocional de la víctima, sino que también acarrea un fuerte rechazo social y consecuencias políticas, especialmente tratándose de un funcionario de elección popular.
Artículo 534 del COIP y su aplicación en el caso Santiago Díaz
El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal establece los lineamientos para dictar prisión preventiva. Para que esta medida se aplique, se deben cumplir al menos tres condiciones fundamentales:
- Existencia de elementos de convicción suficientes que justifiquen la comisión del delito.
- Indicios claros de autoría o complicidad por parte del imputado.
- Que las medidas cautelares no privativas de libertad sean insuficientes para garantizar la comparecencia del procesado y la ejecución de la sentencia.
En este caso, la Fiscalía presentó una sólida fundamentación con base en testimonios, informes periciales, evidencia documental y pericias psicológicas que permitieron sustentar su solicitud de prisión preventiva ante la jueza.
Defensa de Santiago Díaz argumenta improcedencia de la prisión preventiva
El abogado defensor Patricio Yungan manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, señalando que su cliente se presentó voluntariamente ante la justicia y ha colaborado con las autoridades durante cada etapa del proceso. Según Yungan, este comportamiento evidencia que no existe riesgo de fuga ni obstrucción a la justicia, por lo que la medida de prisión preventiva sería desproporcionada.
Además, enfatizó que la audiencia de formulación de cargos no es un espacio para debatir la culpabilidad del acusado, sino únicamente para determinar si es necesaria alguna medida cautelar. El abogado anunció que apelará la decisión de la jueza y solicitará la revisión de la medida ante instancias superiores.
Implicaciones políticas del proceso penal contra un asambleísta
La prisión preventiva dictada contra Santiago Díaz genera un fuerte impacto en el ámbito político nacional. Al tratarse de un asambleísta en funciones, este hecho no solo implica una eventual suspensión de su actividad legislativa, sino que también abre la posibilidad de un proceso de desafuero parlamentario o destitución, dependiendo del avance del proceso penal.
Diversos sectores políticos han exigido una actuación firme y transparente por parte de la Asamblea Nacional, mientras que organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han pedido que el caso se lleve con estricto respeto a los derechos de la víctima y el debido proceso legal.
Duración de la instrucción fiscal y pasos siguientes
La jueza determinó que la fase de instrucción fiscal tendrá una duración de 60 días, tiempo en el que la Fiscalía continuará recabando evidencia, practicando pericias, y recibiendo testimonios para sustentar una eventual acusación formal.
Durante este periodo, se espera que tanto la Fiscalía como la defensa presenten nuevas pruebas y argumentos. Concluido este lapso, el juez o jueza deberá decidir si hay mérito para llamar a juicio al procesado o archivar la causa.
Reacciones sociales y mediáticas ante el caso Santiago Díaz
El caso ha generado gran conmoción a nivel nacional, al tratarse de un legislador electo por votación popular. En redes sociales y medios de comunicación, las reacciones han sido inmediatas, con opiniones divididas entre quienes piden respeto al debido proceso y quienes exigen justicia pronta y sin impunidad.
Organizaciones de protección a la niñez han reiterado la necesidad de contar con protocolos especializados para atender a víctimas menores de edad en procesos judiciales de esta naturaleza. Al mismo tiempo, sectores ciudadanos han pedido que se evite la politización del caso y se garantice una investigación objetiva e imparcial.
La presunción de inocencia y la responsabilidad institucional
A pesar de la gravedad de la acusación, es importante recordar que todo ciudadano goza del principio de presunción de inocencia, consagrado en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Este principio implica que nadie puede ser considerado culpable hasta que una sentencia judicial firme así lo determine.
No obstante, la prisión preventiva busca garantizar el cumplimiento del proceso legal sin interferencias o evasiones. En el caso de servidores públicos, este tipo de medidas se convierte en un test para la institucionalidad del país, poniendo a prueba la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia.
La Fiscalía General ha solicitado prisión preventiva para el asambleísta Santiago Díaz, quien fue procesado por el presunto delito de violación a una niña de 12 años y será llevado a la carcel 4 también conocida como Centro de Rehabilitación Social Masculino de Pichincha N°2. La… pic.twitter.com/dF7OAdFRHG
— Radio Forever (@925forever) July 22, 2025
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